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Represión y desalojos campesinos en Costa Rica SAN JOSÉ, 15 de julio.— La Policía desalojó con gases lacrimógenos a 750 familias rurales en la provincia de Heredia, unos 100 kilómetros al Norte de aquí, con el saldo de un muerto y varios heridos, confirmó hoy el diario La Prensa Libre de Costa Rica, informa Prensa Latina. Según la edición electrónica, Héctor Monestel, apoderado agrario de los campesinos, dijo que acudirá ante la Defensoría de los Habitantes para denunciar la muerte a golpes de Gerardo Moya Solís (46 años) y la destrucción total de las viviendas. Este es el segundo hecho de violencia ocurrido en menos de una semana contra los precaristas que desde hace tres años se asentaron en terrenos ociosos de la Standard Fruit Company, donde edificaron chozas y sembraron para sobrevivir. El jueves último, unos 600 efectivos de la Fuerza Pública hirieron a tres personas y detuvieron a otras 10. La prensa publicó dramáticas fotografías de la represión policial, entre las cuales se destacaban instantáneas de la brutal detención de la dirigente comunal Yolanda Piedra, quien trató de resistir la acción. En julio del 2001, la finca Bambuzal, de Sarapiquí, fue escenario de un hecho similar por parte de las fuerzas policiales, que con el uso de armas ocasionaron heridas a 38 campesinos del lugar. Desde entonces, el caso es objeto de un litigio en el Juzgado de Pococí que, como medida cautelar, evitó la expulsión de los aldeanos, pero la iniciativa fue anulada el 3 de julio último, aunque aún no es firme, por lo que puede ser impugnada. Un reporte de la edición digital de la Nación explicó, además, que, aparentemente, en forma simultánea, el mismo conflicto fue llevado a la Fiscalía de Sarapiquí por el supuesto cargo de usurpación, y el tribunal dictó con premura una sentencia de desalojo. El defensor agrario Fabricio González puntualizó que es imposible tratar un mismo asunto en dos tribunales, uno penal y otro agrario. González añadió que acusará a la empresa propietaria de la finca por desobediencia, ya que solicitó el desalojo antes de que quedara en firme la anulación de la medida cautelar del Juzgado Agrario. Afirmó que sus representados no renunciarán al legítimo derecho de habitar las fincas de Bambuzal y culpó al Gobierno de Costa Rica y al Ministerio de Seguridad por ser cómplices de la empresa Standard Fruit Company y atentar contra las familias rurales. Mientras, el presidente de esa compañía, Rogelio Ramos, comentó que lo único que hizo fue actuar con base en una orden judicial de desalojo. |
