MÉXICO, 24 de junio (PL).— La determinación de la Procuraduría General de la República (PGR) de exonerar al grupo Amigos de Fox del delito de lavado de dinero representa un duro golpe a la credibilidad de las autoridades mexicanas, opinó hoy La Jornada.

En su editorial de este martes, la publicación critica la decisión de la PGR de no ejercer acción penal contra Amigos de Fox, grupo que coordinó el financiamiento de la campaña presidencial de Vicente Fox en el año 2000, acusado de varias irregularidades, entre ellas lavado de dinero y fondos no reportados.

El texto considera que la negativa a investigar la procedencia ilícita de los fondos recaudados para el proselitismo del entonces candidato del Partido Acción Nacional (PAN) afecta duramente la credibilidad de la dependencia encargada de procurar justicia, el gobierno federal y las instituciones de la nación.

Señala que hasta en la redacción de la notificación enviada al consejero electoral Jaime Cárdenas, quien presentó la denuncia por la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero (UECLD), se deja sentir una falta de voluntad impropia del Ministerio Público y complaciente para con el Ejecutivo federal.

De acuerdo con el diario, la dependencia de la PGR deja implícitamente al denunciante la responsabilidad de investigar y comprobar las acciones delictivas y se deslinda de su obligación en cuanto a realizar las investigaciones correspondientes.

Agrega que las precipitadas conclusiones de la UECLD arrojan la sospecha inevitable de que el gobierno federal se comporta como juez y parte, en un episodio que dista mucho de haber sido esclarecido.

Apunta que la virtual exculpación anticipada de los personajes involucrados en la oscura historia del Foxgate hace suponer que existen delitos y conductas impropias que se buscan ocultar y mantener a toda costa fuera de los tribunales.

El editorial de La Jornada destaca que a pocos días de las elecciones federales, el gobierno se presenta ante la sociedad como un encubridor de sí mismo y de sus orígenes.

Para los analistas, la resolución de la UECLD envilecerá aún más el clima pre-electoral y azuzará la disputa de las fuerzas políticas opositoras contra la administración foxista, acusada de hacer proselitismo a favor de su partido.

Por otra parte, en su calidad de denunciante, Cárdenas cuenta con 15 días hábiles para presentar con argumentos su oposición al dictamen referido y revocar de esa manera la resolución de la UECLD.

Después de tres años de que el senador Enrique Jackson, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), denunciara una serie de presuntas irregularidades en torno a la campaña del actual mandatario, el escándalo continúa enrareciendo el clima político, mucho más por la proximidad de las elecciones legislativas.

El caso ha adquirido dimensiones que lo catalogan ya como el de mayor número de violaciones a la legislación electoral cometido por una formación política.

Pruebas sólidas se han recopilado en el Foxgate, acerca de la afluencia de fondos del extranjero, algo penalizado por la legislación mexicana.

De acuerdo con el Instituto Federal Electoral, las evidencias están dando certeza sobre varios actos ilícitos, entre ellos dinero sin reportar a las autoridades electorales así como donativos de personas físicas por montos no permitidos.