SAN JOSÉ, 23 de junio (PL). — El gobierno de Costa Rica rechazó hoy los pedidos del gremio magisterial, y prometió sancionar a los docentes que protagonizan un paro laboral por más de 20 días contra medidas neoliberales propuestas por la gestión del presidente Abel Pacheco.

La actitud de la administración fue tomada por los sindicalistas como una falta de voluntad política para resolver el conflicto, y aseveran que mantendrán la huelga, la cual entra ya en su quinta semana.

Los pedagogos exigen respeto a sus jubilaciones, el pago justo y puntual de sus salarios y el de fondos para garantizar el funcionamiento de los comedores y transportes escolares.

Insisten en que cualquier arreglo que se alcance debe ser sobre la base de un documento claro y concreto, para que no se quede en simples promesas.

Sin embargo, las autoridades persisten en una reforma introducida en el sistema de pensiones que impide a 8 000 educadores jubilarse con regímenes más ventajosos que los estipulados en la nueva ley.

Gilda González, presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, aclaró que en una nueva oferta entregada al gobierno el sábado último, los docentes sugieren salidas específicas para resolver los problemas planteados.

Un texto oficial explicó que este lunes en el Ministerio de la Presidencia de Costa Rica se determinarán las medidas a tomar contra los profesores en huelga, y se discutirá la contrapropuesta elaborada por la dirigencia del magisterio.

Entre las iniciativas se prevé despedir a los educadores interinos, ampliar la jornada laboral, rebajar salarios a docentes ausentes, suspender el pago del incentivo por extensión del curso y la posibilidad de alargar el fin de año lectivo.

Lo anterior, de acuerdo con el gobierno, se hará con el propósito de garantizar el mandato constitucional de 200 días.

Por su parte, Pacheco insistió en que estudiantes y profesores deben regresar a las aulas y añadió que se afina un plan de contingencia.

Ese proyecto consistirá en contratar a suplentes para sustituir a los maestros en huelga, y para ello las autoridades esgrimen el pretexto de que deben defender los derechos de los educandos locales.

El Ministerio de Educación y los encargados jurídicos ya comenzaron a elaborar las listas de los profesionales del sector que abandonaron su trabajo para reemplazarlos por sustitutos.