LA PAZ, 21 de junio.—Al cumplirse una semana de un atentado en el que murieron dos militares, la posibilidad de un difícil diálogo de distensión entre el Gobierno y cultivadores de coca de Bolivia es alentada por declaraciones de ambas partes.

Al mismo tiempo, un fiscal cuestionado por los cocaleros por servir a la policía antidrogas y sus asesores norteamericanos, insistió en vincular al líder opositor, Evo Morales, con otro atentado en la región central del Chapare, reporta Prensa Latina.

El vicepresidente Carlos Mesa aseguró que el Gobierno está dispuesto a dialogar con los labriegos que lidera Morales, pero en un clima de paz y sin presiones, mientras el líder izquierdista planteó discutir las demandas cocaleras.

El jefe del Movimiento al Socialismo (MAS) señaló que el diálogo debe tratar sobre cambios en la legislación antidrogas, invocada por el Gobierno para un programa de erradicación de cocales que, según los campesinos, es impuesto por Estados Unidos y genera violencia.

Los dos atentados de la última semana, en los que se usaron trampas explosivas, fueron dirigidos contra fuerzas que respaldan la eliminación de plantíos.

Morales planteó, además, discutir con el Gobierno la demanda campesina de que se permita cultivar media hectárea de coca a cada familia del Chapare, para consumo natural, con fines lícitos de subsistencia.

El obispo de la ciudad central de Cochabamba, capital de la región del Chapare, llamó el jueves último al diálogo y a detener la violencia y las muertes de una y otra parte, mientras otros prelados pidieron al Gobierno no someterse ni al narcotráfico ni a las presiones foráneas.

Para Morales, el diálogo es la vía para buscar soluciones sociales al conflicto, y no la movilización de tropas que ha iniciado el Gobierno, según dijo, contra los campesinos del Chapare.

Entretanto, Morales reiteró la decisión de enjuiciar penalmente al ministro de Gobierno (Interior), Yerko Kukoch, por acusarlo falsamente de los atentados.