ROMA, 19 de junio (PL). — Una ola de críticas desató hoy la aprobación en el Parlamento de la inmunidad para los cinco principales cargos de este país, que congela el proceso por soborno del Tribunal de Milán contra el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi.

La votación en el órgano legislativo se registró ayer, tras retirarse del hemiciclo los partidos opositores en protesta por los planes de la coalición oficial de restaurar esa legislación.

Ante tal maniobra, las críticas contra la alianza gubernamental no se hicieron esperar y la prensa capitalina publica hoy las declaraciones de dirigentes y partidos opositores, quienes calificaron esa ley, de gravedad sin precedente y del monstruo más monstruoso que la alianza oficial ha concebido.

Luciano Violante, vocero del Partido Demócrata de Izquierda, se sumó a esas críticas y consideró el documento avalado una derrota de la justicia, pero fue más lejos al manejar la inconstitucionalidad de ese proceso.

Violante catalogó de violación la forma en que se tramitó tal votación al encaminarse por la vía urgente, a pesar de tratarse de un artículo de la Carta Magna.

Mientras, políticos oficialistas justificaron la restauración de la inmunidad y declararon que al asumir Italia el próximo día 1ro. de julio la presidencia rotativa de la Unión Europea, afectaba al país que su primer ministro debiera comparecer ante los tribunales por corrupción, para lo cual tampoco disponía de tiempo.

A los cuestionamientos se unieron entre otras organizaciones y personalidades, Los Verdes, el Partido Comunista y el ex fiscal anticorrupción Antonio Di Prieto, quienes manifestaron su indignación por el procedimiento y anunciaron que impulsarán la convocatoria de una consulta popular sobre el particular.

En coincidencia con esas posiciones y para mostrar su inconformidad, los magistrados del Tribunal de Milán que procesan a Berlusconi anunciaron que apelarán al Tribunal Constitucional ese procedimiento por su ilegalidad.

La inmunidad restablecida para el Primer Ministro, el Jefe de Estado, los presidentes de las dos cámaras parlamentarias y del Tribunal Constitucional, fue suspendida en 1993, precisamente por escándalos de corrupción, la misma causa por la cual se restaura.

En el texto de ese documento se estipula que no pueden ser sometidos a procesos ninguno de las personas que ocupan esos cinco cargos.

También establece la suspensión de los procesos por cualquier delito, de esos máximos dirigentes italianos, incluso los cometidos antes de ocupar esos puestos, hasta el cese de las funciones.

Con ello, queda congelado el proceso que sigue el Tribunal de Milán contra Berlusconi, primer jefe de gobierno italiano sentado en el banquillo de los acusados, acusado por soborno a jueces en la década de 1980.

Esa es la tercera maniobra aprobada en el ejecutivo para amparar a Berlusconi de las acusaciones de fraudes al fisco, sobornos y alteración de los balances de que es blanco.