MADRID, 19 de junio (PL). — La realización de nuevas elecciones en la comunidad autónoma de Madrid, situación sin precedentes aquí, aparece hoy como única salida al escándalo político que desde hace ocho días mantiene enfrentados a todos los partidos.

Tanto el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), supuesta víctima de la corrupción de dos de sus diputados; como el Popular (PP), señalado como principal beneficiario del complicado entuerto, se plantean la posibilidad de nuevos comicios, aunque en momentos y con objetivos bien distintos.

Las elecciones se convocarían posiblemente para octubre, por lo cual muchos españoles ya aseguran que tienen por delante un largo culebrón, sin dudas mucho más sórdido y entretenido que los más movidos programas televisivos para el verano.

Para completar, como los reglamentos no prevén qué hacer en tan complicada situación, cada cual los interpreta a su manera a partir de sus intereses, aunque todos los pareceres conducen a lo mismo.

El PP quiere que de inmediato se disuelva la asamblea de la comunidad y se convoque a las urnas para adelantarse a los dos diputados socialistas traidores, que pudieran arrepentirse y renunciar sus cargos, lo cual permitiría al fin a los socialistas formar gobierno.

El PSOE, en cambio, pide que la convocatoria a elecciones se prolongue al máximo, con la esperanza de que los dos tránsfugas den ese paso.

Pero en esto también parecen llevar las de perder, pues hasta ahora Eduardo Tamayo y Teresa Sáez, los principales protagonistas del escándalo aseguran que no renunciarán a sus escaños en el gobierno de la comunidad.

Aunque los dos fueron expulsados de inmediato del PSOE y en las elecciones no se vota por personas, sino por partidos, contradictoriamente la ley los protege pues establece que los escaños corresponden a quienes los ocupan y no al partido por el cual los consiguieron.

Además quien deberá resolver si se convoca o no a elecciones es Concepción Dancausa, la presidenta de la asamblea, quien, precisamente, ocupó ese puesto gracias a la ausencia premeditada de ambos diputados el día de la votación.

Dancausa aseguró hoy que se reunirá con todas las fuerzas políticas y recopilará todos los elementos posibles, pero muchos aseguran que es muy difícil ser juez y parte a la vez en la solución del problema más retorcido de la historia de las instituciones democráticas españolas.

Mientras, continúan las disputas políticas y las querellas.

Para el PSOE la situación se debió a un soborno de los diputados por una mafia de la construcción que quiere en el poder al PP para mantener los enormes beneficios que obtiene con la especulación de terrenos.

Desde el PP se dice en cambio que el problema es solo la manifestación de las luchas por el poder dentro del PSOE, algo nada nuevo y que durante los gobiernos de Felipe González causó estragos en las filas de los socialistas.

En tanto, si en los últimos dos días el PSOE y el PP se dedicaron a interponer numerosas querellas judiciales uno contra otro, hoy este último partido también planteó una demanda contra representantes de Izquierda Unida (IU) a quienes acusan de difamación, hostigamiento e infundios.