MANAGUA, 18 de junio (PL). — El Congreso puede demandar al presidente nicaragüense Enrique Bolaños, por firmar "a escondidas" un acuerdo con EE.UU. para respaldar la inmunidad de norteamericanos ante la Corte Penal Internacional (CPI), advirtió hoy el diputado Nelson Artola.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del poder Legislativo, confirmó a Prensa Latina, que se solicitará a la Junta Directiva que convoque con urgencia a Bolaños y al canciller, Norman Caldera, para que expliquen la razón del referido pacto.

Según Artola, el mandatario continúa con su postura servil hacia Washington, ignorando el cumplimiento de la Constitución y agregó que son los gobiernos títeres los que entraron en el saco del juego norteamericano.

Denunció el legislador del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que tras publicarse la víspera "el pacto secreto con Estados Unidos", Bolaños dice que "cumplirá con lo establecido" y lo presentará ante el Congreso para su "ratificación".

La Casa Blanca, argumentó el parlamentario, con este acuerdo trata de proteger a "sus delincuentes internacionales".

La CPI es una instancia recientemente creada por las Naciones Unidas como máximo organismo para castigar el delito internacional de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio, indicó.

Comentó que EE.UU. desconoce la jurisdicción de esa Corte por sus diversas guerras injustificadas, como la de Iraq, donde masacraron al pueblo.

También rechazaron el acuerdo la Asociación de Juristas Democráticos de Nicaragua (AJDN) y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).

Álvaro Ramírez, presidente de la AJDN, alertó que el objetivo que se persigue con estos pactos es destruir la CPI, creada en julio de 1998 en Roma, y que ahora Nicaragua forma parte de ese complot.

Sentenció que Washington hace estos arreglos con países pequeños como Nicaragua con la política de la zanahoria y el garrote: si firmas vas a tener la ayuda, de lo contrario lo vas a perder todo.

Por su parte Xavier Pérez, del CENIDH, reiteró que no existe ninguna justificación ni explicación para que la nación centroamericana aparezca avalando un convenio de esa naturaleza.

Los estadounidenses, apuntó, tratan de sumar adeptos para que queden en la impunidad los hechos criminales en que se puedan ver involucrados sus militares y funcionarios civiles.

Estos "amarres gubernamentales" le dejan las manos libres al gobierno y fuerzas armadas norteamericanas para que en conflictos de cualquier naturaleza estén por encima de la ley internacional.

Benjamín Pérez, Procurador de los Derechos Humanos, calificó de muy preocupante el acuerdo secreto entre Managua y EE.UU. que desvirtúa —consideró— la seriedad de la diplomacia.

En este caso, sostuvo, aparecen afectados los dos gobiernos, el uno por prepotente (EE.UU.) y el otro por sumiso (Nicaragua).

Criticó la decisión de EE.UU. de no querer firmar el convenio de la ONU sobre la Corte, por muy superior que se sienta como máxima potencia mundial.

El diputado de la Convergencia Nacional que preside el FSLN, Agustín Jarquín, rechazó la acción de la presidencia y advirtió que no puede sustraerse del orden institucional ni de la Leyes internacionales.

Para Jarquín los gobernantes estadounidenses pretenden evadir la CPI al igual que lo hicieron con el tratado de Kyoto, el cual procura evitar que las industrias de las naciones desarrolladas contaminen el Medio Ambiente.