MADRID, 12 de junio (PL). — España apoyará hoy a Washington en el Consejo de Seguridad de la ONU para la renovación por un año de la inmunidad de los ciudadanos estadounidenses ante el Tribunal Penal Internacional (TPI), aseguran hoy medios de prensa locales.

El diario Estrella Digital señala que esa posición fue confirmada por fuentes diplomáticas españolas y advierte que como ocurrió con la invasión a Iraq, este tema podría crear nuevas divisiones entre Estados Unidos y la Unión Europea.

El rotativo puntualiza que el debate sobre el TPI ha reavivado en el Consejo de Seguridad la hostilidad diplomática entre Europa y Estados Unidos y "existen fuertes indicios" de que Alemania se abstendrá, y posiblemente también Francia, aunque Washington logrará sus objetivos.

Recuerda igualmente que Canadá, Nueva Zelanda, Jordania, Suiza y Liechtenstein, que apoyan el Tribunal y se oponen a la intención de Estados Unidos de verse protegido, alcanzaron una pequeña victoria el lunes al lograr que, antes de la votación, el Consejo de Seguridad debata a puerta abierta la controvertida medida.

Una resolución aprobada el pasado año, con 15 votos a favor y ninguno en contra, señala que en casos en los cuales haya involucrados oficiales y personal civil de un país que contribuye en las fuerzas de paz, pero no ha ratificado el Tratado de Roma, se suspenderá el juicio por 12 meses.

Durante los últimos meses, Estados Unidos ha negociado por su cuenta acuerdos bilaterales de inmunidad con 37 gobiernos a los cuales ha logrado "convencer" para que garanticen a los estadounidenses que no serán extraditados para ser juzgados por el TPI.

Estrella Digital señala que según reveló el diario Washington Post, Estados Unidos envió la semana pasada a la Unión Europea una nota confidencial anunciando posibles "consecuencias muy dañinas" en las relaciones trasatlánticas si se obstaculizan los acuerdos bilaterales que Washington quiere firmar con países de Europa del Este.

El TPI entró en vigor hace casi un año como órgano permanente encargado de investigar y juzgar a personas acusadas de violaciones masivas del derecho internacional humanitario, o sea, acusados de genocidios, crímenes de guerra y contra la humanidad.