MADRID, 9 de junio (PL).
— El Tribunal Supremo español convocó hoy a una reunión para el
próximo jueves, con el fin de decidir qué hacer tras la negativa
de la Cámara vasca a ilegalizar a la formación Socialista
Abertxaleac (SA) como grupo parlamentario.
Lo más seguro es que en ese
encuentro se acuerde pedir a la Fiscalía General del Estado que
interponga una querella contra el presidente del Parlamento
autonómico, Juan María Atutxa, por desobediencia y que de
prosperar podría inhabilitarlo para el cargo entre seis meses y dos
años.
El plazo para que definitivamente el
Parlamento vasco ilegalice a SA concluye este sábado, pues hoy
recibió una notificación del Tribunal Supremo con un ultimátum
para que lo haga.
Sin embargo, es poco probable que la
Cámara vasca cumpla la resolución, pues en su decisión se basó
en su propio Reglamento.
Joseba Azkarraga, Consejero de
Justicia del gobierno vasco, declaró a la prensa que "quien se
metió en un lío es el propio Tribunal Supremo, al trasladar una
sentencia que solo se puede cumplir si se cambia el reglamento y eso
solo pueden decidirlo los propios diputados autonómicos".
La víspera, el presidente
autonómico, Juan José Ibarretxe, invitó al presidente del Gobierno español, José María Aznar, y al Partido Socialista
Obrero Español (PSOE), principal fuerza de oposición, a dialogar
para hallar una solución al problema.
Las respuestas, en cambio, han sido
negativas, pues el líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero,
dijo este lunes que solo estará dispuesto a dialogar "para
acabar con ETA".
Por su parte, Javier Arenas, secretario
general del gobernante Partido Popular, calificó la
invitación de Ibarretxe como un disparate y dijo que negociar una
decisión judicial "solo es posible en repúblicas bananeras,
donde no hay democracia".
Más allá de los complicados
recovecos jurídicos, este nuevo desencuentro es evaluado por muchos
como una expresión más de la tensa lucha política que
protagonizan las fuerzas nacionalistas y no nacionalistas por
controlar el poder en el País Vasco, una de las regiones más
prósperas e industrializadas de España.
Especialmente el gobernante Partido
Popular (PP) y en menor medida el PSOE, se presentan como
abanderados de la lucha contra el terrorismo y de ahí su interés
en ilegalizar a SA, a la cual identifican como sucesor de Batasuna,
que a su vez es considerado el brazo político de ETA.
En esa lucha, con mucha frecuencia se
pretende identificar con ETA a las fuerzas nacionalistas, ya sean de
izquierda, centro o derecha.
Pero al mismo tiempo desde el Gobierno vasco advierten que PP y PSOE no lo han pensado dos veces
en numerosas oportunidades durante las votaciones del Parlamento, en
aliarse a los diputados de Batasuna, aunque con objetivos bien
distintos, en los intentos por bloquear la gestión del ejecutivo
autonómico.