Crece expectativa en España por desacato 
al Tribunal Supremo

RAFAEL CALCINES

MADRID, 9 de junio (PL). — El Tribunal Supremo español convocó hoy a una reunión para el próximo jueves, con el fin de decidir qué hacer tras la negativa de la Cámara vasca a ilegalizar a la formación Socialista Abertxaleac (SA) como grupo parlamentario.

Lo más seguro es que en ese encuentro se acuerde pedir a la Fiscalía General del Estado que interponga una querella contra el presidente del Parlamento autonómico, Juan María Atutxa, por desobediencia y que de prosperar podría inhabilitarlo para el cargo entre seis meses y dos años.

El plazo para que definitivamente el Parlamento vasco ilegalice a SA concluye este sábado, pues hoy recibió una notificación del Tribunal Supremo con un ultimátum para que lo haga.

Sin embargo, es poco probable que la Cámara vasca cumpla la resolución, pues en su decisión se basó en su propio Reglamento.

Joseba Azkarraga, Consejero de Justicia del gobierno vasco, declaró a la prensa que "quien se metió en un lío es el propio Tribunal Supremo, al trasladar una sentencia que solo se puede cumplir si se cambia el reglamento y eso solo pueden decidirlo los propios diputados autonómicos".

La víspera, el presidente autonómico, Juan José Ibarretxe, invitó al presidente del Gobierno español, José María Aznar, y al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), principal fuerza de oposición, a dialogar para hallar una solución al problema.

Las respuestas, en cambio, han sido negativas, pues el líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, dijo este lunes que solo estará dispuesto a dialogar "para acabar con ETA".

Por su parte, Javier Arenas, secretario general del gobernante Partido Popular, calificó la invitación de Ibarretxe como un disparate y dijo que negociar una decisión judicial "solo es posible en repúblicas bananeras, donde no hay democracia".

Más allá de los complicados recovecos jurídicos, este nuevo desencuentro es evaluado por muchos como una expresión más de la tensa lucha política que protagonizan las fuerzas nacionalistas y no nacionalistas por controlar el poder en el País Vasco, una de las regiones más prósperas e industrializadas de España.

Especialmente el gobernante Partido Popular (PP) y en menor medida el PSOE, se presentan como abanderados de la lucha contra el terrorismo y de ahí su interés en ilegalizar a SA, a la cual identifican como sucesor de Batasuna, que a su vez es considerado el brazo político de ETA.

En esa lucha, con mucha frecuencia se pretende identificar con ETA a las fuerzas nacionalistas, ya sean de izquierda, centro o derecha.

Pero al mismo tiempo desde el Gobierno vasco advierten que PP y PSOE no lo han pensado dos veces en numerosas oportunidades durante las votaciones del Parlamento, en aliarse a los diputados de Batasuna, aunque con objetivos bien distintos, en los intentos por bloquear la gestión del ejecutivo autonómico.

 

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