QUITO, 14 de mayo (PL).— Acusaciones del presidente Lucio Gutiérrez desataron una polémica entre los poderes Ejecutivo y Judicial en Ecuador, que hoy va tomando un cariz de fuerte enfrentamiento.

Por primera vez, al menos públicamente, el titular de la Corte Suprema de Justicia, Armando Bermeo, refutó declaraciones del mandatario, a quien recomendó en tono de exigencia denunciar los casos de corrupción que dice existen en ese sistema.

Bermeo rechazó la generalización hecha por el Jefe de Estado cuando se refiere a irregularidades en la función judicial y afirmó que una actitud de ese tipo intenta desestabilizarla.

Gutiérrez, quien pretende una reforma política que incluye la despolitización de dicho poder, intensificó en los últimos días sus ataques a la actuación de magistrados ecuatorianos por supuestos actos de corrupción.

El enfrentamiento cobró auge después de que el Presidente, en una comparación simbólica, otorgó medallas de oro, plata y platino a los jueces de las provincias de Manabí, Guayas y Pichincha, en ese orden.

Esa generalización fue rechazada por las autoridades judiciales de los territorios afectados y posteriormente tomó cartas en el asunto la máxima instancia del sistema.

Bermeo exhortó al mandatario a denunciar los casos que conoce ante las instancias competentes: la Comisión de Recursos Humanos del Consejo Nacional de la Judicatura o en la Presidencia de la Corte Suprema.

Añadió que las declaraciones de Gutiérrez, en las cuales ve una segunda intención de carácter político, debilitan a las instituciones ecuatorianas y dañan la imagen del país, sobre todo entre los inversionistas extranjeros.

Al propio tiempo, aseguró que en esta función estatal está en marcha un proceso de autodepuración del cual da fe la separación de sus cargos de varios jueces que cometieron ilegalidades.

En su plan de gobierno presentado durante la campaña electoral, el ahora presidente puso en lugar priorizado la introducción al Congreso de un proyecto de ley de reformas políticas, en el cual mencionaba lo que llama despartidización de las cortes de justicia.

Gutiérrez argumenta que su intención es evitar la influencia ejercida por los partidos políticos sobre los magistrados y una depuración enfilada a acabar con la corrupción que asegura existe en esa función.