ROMA, 5 de mayo (PL). — El primer
ministro italiano, Silvio Berlusconi, compareció hoy ante un
tribunal de Milán que lo acusa de sobornar a jueces durante una
operación de compra de una empresa, imputación de la cual se
declaró inocente y trató de justificar.
Durante su intervención, Berlusconi
argumentó que solo brindó un servicio al Estado a petición del
desaparecido primer ministro Betino Craxi, jefe de gobierno en 1985,
cuando ocurrieron los hechos.
De esa forma respondió a las
acusaciones de cohecho en el caso de la venta de la Sociedad
Alimentaria Pública (SAP) al negociante Carlo de Benedetti, su
principal rival empresarial, en la cual se interpuso con una oferta
superior.
Al término de su alegato ante el
tribunal, en que implicó a otros políticos italianos para
demostrar su inocencia, el Primer Ministro recibió chiflidos del
público presente en la sala y fue exhortado a permitir ser
procesado.
Precisamente, el jefe de gobierno, el
hombre más rico de Italia, es muy criticado por las artimañas que
realiza para evadir la justicia, con cuyo fin ha desatado una guerra
contra la magistratura.
Tanto Berlusconi, dueño de cadenas
de televisión privadas y dirigente de las estatales, como
políticos y asesores cercanos tienen pendientes procesos por
corrupción y otras imputaciones.
Pero el Primer Ministro, cuya alianza
disfruta de mayoría parlamentaria, realiza reformas con la
introducción de legislaciones que lo han librado de recibir el peso
de la justicia.
Por esa iniciativa, el jefe de
gobierno logró evadir otro proceso, del cual fue absuelto por
prescripción del delito, y en el que se le imputó apoderarse
mediante sobornos de la editorial Mondadori, perteneciente
casualmente a Benedetti.
Entre las nuevas resoluciones figuran
la de solicitar cambio de tribunal y ciudad con el argumento de que
los magistrados no son imparciales y la despenalización de la
falsedad de los balances.
Precisamente, ahora el Primer Ministro aboga por la aprobación en el órgano legislativo de dos
nuevas leyes, una para otorgar inmunidad parlamentaria, eliminada en
la década de 1980, y la otra para prohibir que se abran procesos
judiciales a políticos de alto rango mientras ejerzan el cargo.