Esto se conoció hoy al hacerse públicas las listas de los diferentes partidos a los comicios, y coincide con la emisión de un acuerdo del Tribunal Supremo ordenando la disolución de todos los grupos que representen a Batasuna en parlamentos autonómicos y ayuntamientos y el embargo de los bienes de ese partido.

Ello incluye la cancelación de la página web de Batasuna en Internet, con lo cual se inicia la ejecución de la sentencia dictada el pasado 27 de marzo, que ilegaliza a Batasuna y todas las organizaciones que la precedieron con otros nombres.

La decisión de ilegalizar a esta fuerza por su supuesta vinculación a la organización armada ETA fue aprobada por el Congreso de Diputados con el respaldo de los partidos Popular (de gobierno) y Socialista Obrero Español.

Sin embargo, el resto de las fuerzas políticas se opusieron o abstuvieron por dudar de la legalidad Constitucional de esa decisión que en su momento fue ampliamente discutida.

No obstante, hoy se conoció que 700 antiguos miembros de Euskal Herritaroc, Herri Batasuna o Batasuna volverán a presentarse en las próximas elecciones y de ellos 166 en cargos públicos como alcaldes y concejales, según informó una televisora local.

Una buena parte de ellos se presentará en las listas presentadas por la plataforma AuB, surgida tras la ilegalización de Batasuna.

El tema, como tantos otros de la contienda electoral, ha despertado la polémica, pues la reforma de la Ley de Partidos, aprobada el pasado año, prohíbe expresamente la existencia de agrupaciones de electores que sucedan a partidos ilegalizados.

Sin embargo, las autoridades tendrían que demostrar que AuB es una simple sucesión de Batasuna, algo que resulta muy difícil.

Pero además algunos juristas advierten que la ley ilegaliza a Batasuna como partido, pero no puede negar a sus miembros ejercer el derecho ciudadano de votar o integrarse en cualquier otra fuerza política.