El pasado 5 de abril, como se informó oportunamente, fueron puestos a disposición de la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Popular de Ciudad de La Habana los responsables del secuestro y desvío hacia Estados Unidos con extrema violencia y amenaza de muerte a los tripulantes y viajeros de la embarcación de transporte de pasajeros "Baraguá", que prestaba servicios en la bahía de La Habana, con gravísimo peligro para la vida de decenas de personas, convertidas en rehenes, que estuvieron a punto de perecer cuando, a 30 millas de nuestras costas, la embarcación, diseñada para navegar en aguas interiores, quedó sin combustible, con mar fuerza cuatro, y estuvo en peligro de zozobrar antes de llegar en su auxilio las unidades de Guardafronteras.

El Tribunal aplicó el procedimiento de juicio sumarísimo previsto en los Artículos 479 y 480 de la Ley de Procedimiento Penal, con pleno respeto de las garantías y derechos fundamentales de los acusados.

El martes 8 concluyó el juicio.

El Tribunal consideró probados los hechos, que constituían graves delitos de terrorismo previstos en la Ley 93 contra Actos de Terrorismo, del 24 de diciembre del 2001, en virtud de lo cual y tomando en cuenta la alta peligrosidad social de los hechos, así como la responsabilidad individual, el grado de participación y los antecedentes de conducta de los acusados, resultaron sancionados a:

Pena capital: Lorenzo Enrique Copello Castillo, Bárbaro Leodán Sevilla García y Jorge Luis Martínez Isaac, los tres principales, más activos y brutales jefes de los secuestradores.

Prisión perpetua: Maikel Delgado Aramburo, Yoanny Thomas González, Harold Alcalá Aramburo y Ramón Henry Grillo.

Treinta años de privación de libertad: Wilmer Ledea Pérez.

Cinco años de privación de libertad: Ana Rosa Ledea Ríos.

Tres años de privación de libertad: Yolanda Pando Rizo.

Dos años de privación de libertad: Dania Rojas Góngora.

Los tres sancionados a la pena máxima establecieron de inmediato recurso de apelación ante el Tribunal Supremo Popular, máximo órgano de justicia, que celebró un nuevo juicio en el que la sentencia fue ratificada.

Sometidas de oficio las sentencias de máxima pena a la consideración del Consejo de Estado, éste, en reunión convocada al efecto en la que durante horas el colectivo analizó con profundidad los hechos probados por los cuales fueron sancionados, la gravedad de los mismos, y los peligros potenciales que implicaban no solo para la vida de numerosas personas inocentes sino también para la seguridad del país —sometido a un plan siniestro de provocaciones fraguado por los sectores más extremistas del Gobierno de Estados Unidos y sus aliados de la mafia terrorista de Miami con el único propósito de crear condiciones y pretextos para agredir a nuestra Patria, la cual será defendida al precio que sea necesario—, consideró absolutamente justas y con estricto apego a las leyes las decisiones de ambos tribunales y ratificó las sentencias.

Al amanecer de hoy, las sanciones fueron aplicadas.