Pese a evidencias, Ejército boliviano niega uso 
de francotiradores

APLA PAZ, 19 de febrero.— El Ejército de Bolivia negó hoy haber usado francotiradores contra policías y manifestantes civiles durante los disturbios de la semana pasada, pese a un video que muestra lo contrario, informó Prensa Latina.

Al mismo tiempo, la Asamblea de Derechos Humanos demandó que los militares que sean identificados como autores de muertes en los grandes disturbios de los días 12 y 13 de febrero, deben ser procesados por la justicia común y no por la castrense.

La demanda fue hecha por el vicepresidente de la Asamblea, Sacha Llorenti, ante intentos, según dijo, de llevar el tema a la jurisdicción de tribunales militares, que no ofrecen garantías de imparcialidad.

El activista humanitario hizo la declaración tras entregar al Ministerio Público, encargado por el Gobierno de investigar los trágicos sucesos que dejaron un saldo de 33 muertos, un video en el que militares apostados en lo alto de un edificio dan muerte con disparos de fusil a un civil y a una enfermera que pretendía auxiliarlo.

Pese a la grabación, el jefe del Ejército, general Juan Veliz, negó haber dado órdenes a los militares para actuar como francotiradores en los tejados, según sostienen múltiples testigos y diversos órganos de prensa.

Declaró que las múltiples denuncias sobre militares francotiradores son temerarias y dijo estar dispuesto a una investigación.

Culpó a la Policía —amotinada contra el anuncio de un impuesto al salario— de los enfrentamientos entre los huelguistas y tropas de la guardia presidencial del Palacio de Gobierno, en la Plaza Murillo (principal).

Según Veliz, los soldados solo usaron gases lacrimógenos y proyectiles de goma, aunque no explicó cómo la gran mayoría de los muertos son policías y civiles.

Por otra parte, el abogado del Ejército, Gonzalo Valenzuela, negó validez al video que muestra dos asesinatos cometidos por francotiradores y alegó que el código de procedimiento penal establece que las grabaciones no serán aceptadas como pruebas en los procesos judiciales.

Llorenti replicó que el video es un indicio de alto valor que debe servir para identificar e interrogar a los militares mostrados, así como para realizar otras pericias con el propósito de esclarecer el caso.

 

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