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Pese a evidencias, Ejército boliviano niega uso
de francotiradores
LA
PAZ, 19 de febrero.— El Ejército de Bolivia negó hoy haber usado
francotiradores contra policías y manifestantes civiles durante los
disturbios de la semana pasada, pese a un video que muestra lo
contrario, informó Prensa Latina.
Al mismo tiempo, la
Asamblea de Derechos Humanos demandó que los militares que sean
identificados como autores de muertes en los grandes disturbios de
los días 12 y 13 de febrero, deben ser procesados por la justicia
común y no por la castrense.
La demanda fue hecha por
el vicepresidente de la Asamblea, Sacha Llorenti, ante intentos,
según dijo, de llevar el tema a la jurisdicción de tribunales
militares, que no ofrecen garantías de imparcialidad.
El activista humanitario
hizo la declaración tras entregar al Ministerio Público, encargado
por el Gobierno de investigar los trágicos sucesos que dejaron un
saldo de 33 muertos, un video en el que militares apostados en lo
alto de un edificio dan muerte con disparos de fusil a un civil y a
una enfermera que pretendía auxiliarlo.
Pese a la grabación, el
jefe del Ejército, general Juan Veliz, negó haber dado órdenes a
los militares para actuar como francotiradores en los tejados,
según sostienen múltiples testigos y diversos órganos de prensa.
Declaró que las
múltiples denuncias sobre militares francotiradores son temerarias
y dijo estar dispuesto a una investigación.
Culpó a la Policía —amotinada
contra el anuncio de un impuesto al salario— de los
enfrentamientos entre los huelguistas y tropas de la guardia
presidencial del Palacio de Gobierno, en la Plaza Murillo
(principal).
Según Veliz, los
soldados solo usaron gases lacrimógenos y proyectiles de goma,
aunque no explicó cómo la gran mayoría de los muertos son
policías y civiles.
Por otra parte, el
abogado del Ejército, Gonzalo Valenzuela, negó validez al video
que muestra dos asesinatos cometidos por francotiradores y alegó
que el código de procedimiento penal establece que las grabaciones
no serán aceptadas como pruebas en los procesos judiciales.
Llorenti replicó que el
video es un indicio de alto valor que debe servir para identificar e
interrogar a los militares mostrados, así como para realizar otras
pericias con el propósito de esclarecer el caso.
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