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Gobierno brasileño anuncia medidas sociales
RÍO DE JANEIRO, 11 de
febrero.— El Gobierno del presidente Luiz Inacio Lula da Silva
emprendió hoy una serie de acciones sociales destinadas a suavizar
un severo ajuste de gastos, considerados imprescindibles para
cumplir con el pago de la deuda pública.
La declaración subraya
el tono dado la víspera a la presentación de un duro ajuste de
gastos gubernamentales para asegurar el cumplimiento de compromisos
contraídos por el Estado.
El recorte adicional de
14 000 millones de reales del presupuesto estatal (unos 4 000
millones de dólares), tiene como fin alcanzar un superávit
primario (saldo de ingresos menos egresos antes de pagar los
intereses de la deuda) de
68 000 millones de reales (unos 19 000 millones de dólares) para
pagar la deuda pública.
Sin embargo, el Gobierno
anunció la puesta en marcha de 14 medidas que procuran satisfacer
necesidades sociales emergentes. Algunas habían sido divulgadas
incluso por el anterior presidente, Fernando Henrique Cardoso, pero
no se habían implementado; otras forman parte del programa
electoral de Lula.
Tres mil plazas, de 35
000 vacantes en universidades federales del país, serán ocupadas
de inmediato en tres estados, con preferencia para estudiantes de
bajos ingresos. Dos millones de empresas pequeñas tendrán acceso a
créditos más baratos y se beneficiarán de una reducción de
impuestos.
El Gobierno va a
expropiar (con indemnización) 203 000 hectáreas de tierras
improductivas en 17 estados, con fines de reforma agraria y asentar
en el año a 5 500 familias ubicadas en campamentos de tránsito.
Se aumentará la Fuerza
de la Policía de Carreteras Federales a fin de reforzar la
seguridad en las rutas y combatir el crimen organizado. Asimismo,
crece en 4 000 la oferta de becas o ayudas económicas para
investigaciones científico-técnicas y se instalarán miles de
computadoras en agencias de correo para el acceso gratuito a
Internet durante 10 minutos a todo ciudadano, como parte del llamado
combate a la exclusión digital.
Se estudia, además, la
aplicación de un precio mínimo a la leche, ampliar el crédito
para la siembra de maíz y sorgo, y priorizar el financiamiento de
la agricultura familiar.
Por último fue
anunciada la reactivación de la Superintendencia de Desarrollo del
Nordeste, que fue disuelta por el Gobierno anterior. |