El diario The New York Times destacó que abogados defensores presentaron recomendaciones para exonerar a 10 acusados en Nueva York y dos en Connecticut, y Ashcroft rechazó la propuesta.

Las rogativas estuvieron basadas en la colaboración de los reos para el esclarecimiento de los hechos.

Dentro de las leyes estadounidenses los fiscales de cada estado son los que aprueban la máxima condena en los casos que se solicite, recordaron oficiales federales.

Los abogados que defienden a convictos que enfrentan cargos de homicidio, tráfico de drogas y crimen organizado indistintamente criticaron la forma agresiva en que el fiscal de la nación se refirió al trabajo que ellos desempeñan.

Esta decisión del Fiscal General se pone a tono con la Casa Blanca que recientemente ratificó su total apoyo a la pena de muerte, señalaron los abogados.

Al respecto, el abogado Avraham C. Moskowitz, defensor de un encartado en Nueva York, dijo que Ashcroft exige más penas de muerte porque el gobierno aún no ha obtenido una en ese estado.

Además, los consejeros legales advirtieron que es imposible ignorar las múltiples ocasiones en que se han aplicado exámenes de ADN y estos demuestran la inocencia de los acusados.

David A. Ruhnke, representante de los abogados defensores de Manhattan, expresó que esa disposición a escala nacional busca elevar el número de ejecuciones al nivel récord de Texas donde desde 1982 le han aplicado la inyección letal a 296 condenados entre ellos a más de una veintena de menores de edad.

Ruhnke refirió que este mandato se contrapone a lo revelado en estados como Illinois y Maryland donde sus gobernadores impusieron moratorias para revisar condenas a muerte por detectarse irregularidades.

La raza y la condición social fueron elementos condenatorios en los casos examinados en ambos estados.

En Maryland, un estudio que comprendió 6 000 casos de las dos últimas décadas, concluyó que suman mayoría los afro-norteamericanos ejecutados.

En un intento de lucha para poner fin a ese castigo ante las anomalías judiciales encontradas en su estado, el ex gobernador de Illinois George Ryan conmutó la sentencia capital a 167 prisioneros.