LA PAZ, 30 de enero (PL). — El prefecto de la capital boliviana, Mateo Laura, viajó hoy al trópico norte de esta región para pacificar el último foco de disturbios, remanente de la reciente crisis social, que será tema de un debate parlamentario en preparación.

El prefecto (gobernador) se movilizó a Caranavi —160 kilómetros al norte de aquí—, en cuyas afueras chocaron ayer campesinos bloqueadores de una carretera y transportistas impedidos de transitar, con un saldo de un labriego muerto y otros 12 heridos, incidente del que se culpan mutuamente ambas partes.

El viaje fue anunciado por el viceministro del Interior, José Luis Harb, quien manifestó su confianza en una pronta pacificación mediante un diálogo con los campesinos sobre sus demandas, de carácter regional.

Confirmó la versión de la Confederación de Colonizadores de que el bloqueo vial se mantiene en Caranavi porque los campesinos lugareños desacatan la orientación de la central agraria para que cesen el cierre de vías en cumplimiento de un acuerdo de diálogo firmado por un frente de organizaciones con el Gobierno el domingo último.

Entretanto, la reciente crisis social, que dejó nueve campesinos, un soldado y un policía muertos abaleados, así como una mujer y cuatro jubilados fallecidos en incidentes derivados del conflicto, será discutida en la Cámara de Diputados, según anunció el presidente de esta instancia legislativa, Guido Añez.

La autoridad parlamentaria indicó que el martes próximo se iniciará la interpelación de los ministros de la Presidencia y virtual primer ministro, Carlos Sánchez, del Interior, Alberto Gasser, y de Defensa, Freddy Teodovic, y otros cuatro miembros del gabinete del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

La interpelación fue planteada por la oposición, que exige, entre otras, explicaciones sobre los costos de la vasta movilización militar y policial contra los bloqueos iniciados el 13 de enero y que se prolongaron durante dos semanas.

Los adversarios del Gobierno adelantaron que esperan precisar responsabilidades sobre la orden dada a las tropas para disparar contra los bloqueadores, tema en el que el Ejecutivo sostiene que los uniformados solo repelieron emboscadas y otros ataques de civiles.

Entretanto, en las ciudades de La Paz, la central de Cochabamba y la oriental de Santa Cruz comenzaron a funcionar las siete mesas de diálogo acordadas por el Gobierno y las organizaciones integrantes del Estado Mayor del Pueblo (EMP), al que se niega reconocimiento oficial.

El grupo de pláticas sobre la hoja de coca tiene como prioridad la demanda campesina de una suspensión de la erradicación de plantíos, en la que se han denunciado presiones norteamericanas y que en los últimos años dejó decenas de muertos.

La demanda campesina de una pausa erradicatoria y la negativa gubernamental a aceptarla sin un estudio previo sobre la demanda legal de coca, son consideradas detonante del conflicto, ampliado a la exigencia de atención a todos los reclamos sociales.