Sindicatos opositores acordaron paro en
bancos venezolanos

Según lo informado, los bancos permanecerán cerrados totalmente durante mañana y el viernes por lo que, hasta el próximo lunes, no habrá operaciones de cualquier tipo en esas entidades

JAVIER RODRÍGUEZ

CARACAS, 8 de enero (PL). — Varios sindicatos que agrupan empleados bancarios venezolanos y están vinculados con la opositora Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) acordaron hoy paralizar el sector durante 48 horas.

Según lo informado, los bancos permanecerán cerrados totalmente durante mañana y el viernes por lo que, hasta el próximo lunes, no habrá operaciones de cualquier tipo en esas entidades.

La intención es aumentar la presión sobre el gobierno del presidente Hugo Chávez, en medio de un paro nacional decretado por la oposición que es sólo parcial y no logró, tras 38 días de duración, alcanzar su objetivo de forzar la renuncia del Jefe de Estado a su cargo.

La posición sindical se diferencia de la asumida públicamente por los propietarios de los bancos, agrupados en el Consejo Bancario y la Asociación Bancaria, los cuales se pronunciaron por mantener el horario restringido de tres horas de labor que vienen sosteniendo.

Sin embargo, en los dos casos se choca con la resolución de la Superintendencia de Bancos (Sudeban), publicada ya en la Gaceta Oficial, la cual ordenó a todas las instituciones del sistema financiero nacional regresar a la jornada normal de trabajo y de atención al público.

Aunque el Consejo Bancario acordó impugnar legalmente esa disposición, se supone que está obligado a cumplirla mientras se dilucida en los tribunales correspondientes el asunto, por lo cual deberá esperarse la reacción oficial a esa negativa a acatarla.

La Defensoría del Pueblo interpuso hoy, ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una demanda para que se respete el derecho de los clientes del sistema bancario, afectado por la decisión del cierre por 48 horas de los bancos y por la reducción del tiempo de atención al público.

El recurso fue presentado por el Defensor del Pueblo, German Mundaraín, quien censuró la posición adoptada por los banqueros y resaltó su carácter ilegal y contrario a los intereses de la población.

Un planteamiento similar hicieron, en declaraciones públicas, diputados al Parlamento, organizaciones políticas que apoyan al gobierno y agrupaciones no gubernamentales.

 

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