Decisión en juicio contra terrorismo es triunfo 
del justo derecho

Afirma Embajador cubano en Panamá

CIUDAD DE PANAMÁ, 6 de diciembre.— La suspensión de la audiencia preliminar del juicio seguido aquí a terroristas que pretendían atentar contra el Presidente cubano Fidel Castro, fue considerada por el embajador de la Isla en esta capital, Carlos Zamora, como un triunfo del justo derecho.

Zamora dijo en entrevista a Prensa Latina que se ha encausado el proceso conforme a la ley y derrotado maniobras destinadas a minimizar el delito de los acusados.

El diplomático añadió que se trata de mercenarios implicados en una larga lista de acciones terroristas contra Cuba, que incluyeron atentados en oficinas del Gobierno cubano en varios países de América Latina. Entre ellas citó las bombas colocadas en los establecimientos de Cubana de Aviación en Ciudad de Panamá en octubre de 1976 y el sabotaje a un avión civil de la misma línea aérea frente a las costas de Barbados, donde perecieron 73 personas.

Esta vez —añadió— los terroristas pretendían quedar libres, en un juicio rápido, en el que el Tribunal solo reconoció tres delitos de menor importancia y excluyó la acusación principal que es la de tentativa de homicidio.

De haber logrado el objetivo de asesinar al mandatario cubano mediante el uso del poderoso explosivo C4, los terroristas hubieran matado también a miles de panameños que asistían al abarrotado Paraninfo universitario donde se celebraba un acto de solidaridad con Cuba, evocó el jefe de la misión diplomática cubana en Panamá.

Los terroristas fueron detenidos en noviembre del 2000, luego de que el líder cubano, quien asistía a la Décima Cumbre de Presidentes Iberoamericanos, denunciara la conspiración.

Al arrestar a los terroristas, las autoridades panameñas decomisaron armas, documentos y los explosivos, según la vista fiscal que era leída ayer cuando la audiencia fue suspendida.

Hoy la totalidad de los matutinos panameños informan sobre el hecho, y revelan que los terroristas llegaron al juicio con la certeza de que serían liberados.

Al parecer los acusados fundamentaban su posible libertad en un juicio abreviado solicitado por su defensor, el abogado Rogelio Cruz, tras haber logrado que el Tribunal solo acogiera como delitos la tenencia ilegal de explosivos y la asociación ilícita para delinquir.

Pero el rechazo de los querellantes a esa tipificación del delito dominó los debates de la sesión matutina de la audiencia.

Los juristas querellantes Silvio Guerra, Rafael Rodríguez, Ascario Morales y Julio Berrío introdujeron dos incidentes, que en justo derecho reclamaban como acusación principal la tentativa de homicidio.

Aun cuando al término de la primera parte del proceso, el juez que lo preside, Enrique Antonio Paniza, rechazó los incidentes y procedió a la lectura de la vista fiscal, en horas de la tarde tuvo que detener el proceso.

Esto se debió a que el magistrado Nodier Jaramillo, del Primer Tribunal Superior de Justicia, le ordenó suspender la audiencia hasta que se decida sobre un amparo de garantías constitucionales interpuesto por la parte querellante, tras considerar que se estaba violentando el debido proceso.

Para la defensa de los enjuiciados se trata de una "maniobra dilatoria", algo que para el querellante Rafael Rodríguez constituye una verdadera ironía, si se considera que fue la propia defensa la que dilató el juicio por dos años, tratando de construir una atmósfera que beneficiara a sus defendidos.

 

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