Decisión en juicio contra terrorismo es triunfo
del justo derecho
Afirma Embajador
cubano en Panamá
CIUDAD DE PANAMÁ, 6 de
diciembre.— La suspensión de la audiencia preliminar del juicio
seguido aquí a terroristas que pretendían atentar contra el
Presidente cubano Fidel Castro, fue considerada por el embajador de
la Isla en esta capital, Carlos Zamora, como un triunfo del justo
derecho.
Zamora dijo en
entrevista a Prensa Latina que se ha encausado el proceso conforme a
la ley y derrotado maniobras destinadas a minimizar el delito de los
acusados.
El diplomático añadió
que se trata de mercenarios implicados en una larga lista de
acciones terroristas contra Cuba, que incluyeron atentados en
oficinas del Gobierno cubano en varios países de América Latina.
Entre ellas citó las bombas colocadas en los establecimientos de
Cubana de Aviación en Ciudad de Panamá en octubre de 1976 y el
sabotaje a un avión civil de la misma línea aérea frente a las
costas de Barbados, donde perecieron 73 personas.
Esta vez —añadió—
los terroristas pretendían quedar libres, en un juicio rápido, en
el que el Tribunal solo reconoció tres delitos de menor importancia
y excluyó la acusación principal que es la de tentativa de
homicidio.
De haber logrado el
objetivo de asesinar al mandatario cubano mediante el uso del
poderoso explosivo C4, los terroristas hubieran matado también a
miles de panameños que asistían al abarrotado Paraninfo
universitario donde se celebraba un acto de solidaridad con Cuba,
evocó el jefe de la misión diplomática cubana en Panamá.
Los terroristas fueron
detenidos en noviembre del 2000, luego de que el líder cubano,
quien asistía a la Décima Cumbre de Presidentes Iberoamericanos,
denunciara la conspiración.
Al arrestar a los
terroristas, las autoridades panameñas decomisaron armas,
documentos y los explosivos, según la vista fiscal que era leída
ayer cuando la audiencia fue suspendida.
Hoy la totalidad de los
matutinos panameños informan sobre el hecho, y revelan que los
terroristas llegaron al juicio con la certeza de que serían
liberados.
Al parecer los acusados
fundamentaban su posible libertad en un juicio abreviado solicitado
por su defensor, el abogado Rogelio Cruz, tras haber logrado que el
Tribunal solo acogiera como delitos la tenencia ilegal de explosivos
y la asociación ilícita para delinquir.
Pero el rechazo de los
querellantes a esa tipificación del delito dominó los debates de
la sesión matutina de la audiencia.
Los juristas
querellantes Silvio Guerra, Rafael Rodríguez, Ascario Morales y
Julio Berrío introdujeron dos incidentes, que en justo derecho
reclamaban como acusación principal la tentativa de homicidio.
Aun cuando al término
de la primera parte del proceso, el juez que lo preside, Enrique
Antonio Paniza, rechazó los incidentes y procedió a la lectura de
la vista fiscal, en horas de la tarde tuvo que detener el proceso.
Esto se debió a que el
magistrado Nodier Jaramillo, del Primer Tribunal Superior de
Justicia, le ordenó suspender la audiencia hasta que se decida
sobre un amparo de garantías constitucionales interpuesto por la
parte querellante, tras considerar que se estaba violentando el
debido proceso.
Para la defensa de los
enjuiciados se trata de una "maniobra dilatoria", algo que para el
querellante Rafael Rodríguez constituye una verdadera ironía, si
se considera que fue la propia defensa la que dilató el juicio por
dos años, tratando de construir una atmósfera que beneficiara a
sus defendidos. |