LA PAZ, 28 de septiembre.—Los campesinos bolivianos pusieron esta semana en el banquillo de los acusados al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), al rechazar la inclusión de su país en el bloque propugnado por Estados Unidos.

Prensa Latina señala que los labriegos plantearon su posición, celosa de la soberanía nacional, al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria, pero además la incluyeron en un crucial diálogo con el gobierno sobre las reivindicaciones agrarias.

En el primer caso, el líder de los cultivadores de hoja de coca y del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, reprochó tácitamente la prédica del ex presidente colombiano en favor del ALCA, durante la visita a Bolivia culminada ayer.

Para los cocaleros y más de 200 organizaciones de la sociedad civil boliviana, el proyecto norteamericano está destinado a someter totalmente las economías y las soberanías nacionales a la férula de Washington.

La OEA, le dijo cara a cara Morales a Gaviria, no puede respaldar un proyecto que agravar  el hambre y la miseria de los pueblos y, por lo tanto, provocar  estallidos populares de respuesta y previsibles represiones de consecuencias sangrientas y genocidas.

En contraste con su locuaz promoción del ALCA, la economía de mercado y la democracia representativa, Gaviria guardó silencio en torno a los cuestionamientos planteados y también sobre las denuncias de injerencia de Washington aquí.

El rechazo al ALCA fue planteado además por el líder indígena de la Confederación Sindical de Campesinos, Felipe Quispe, ayer, en el inicio de un diálogo con una delegación gubernamental encabezada por el ministro de la Presidencia, Carlos Sánchez.

Quispe exigió y logró incluir el tema en la agenda de las negociaciones a desarrollarse entre ambas partes, sobre diversos reclamos de la central agraria, que amenazaba con un bloqueo de carreteras si el diálogo no se iniciaba ayer.

El temario abarca por otra parte el rechazo campesino a un arbitraje internacional en el que la transnacional Bechtel de Estados Unidos Pretende una indemnización del Estado boliviano por 30 millones de dólares.