Uruguay: espejo de la crisis en América Latina

MARIELA PÉREZ VALENZUELA

Ya no importa demasiado hacia dónde se dirige la mirada en América Latina cuando se pretende identificar los graves problemas socio-económicos que afectan a este subcontinente, donde viven más de 400 millones de seres humanos.

Si al azar escogemos un país, sea el más pequeño y de débil economía o el mayor y más potencialmente rico, la situación financiera y sus reflejos en la sociedad, revisten características parecidas. La tensión impera en casi todos.

Y es que las medidas económicas de corte neoliberal impuestas desde hace más de dos décadas por la mayoría de los gobiernos, acentuada ahora por la crisis económica mundial, son la causa de las explosiones sociales imperantes en esta región.

Téngase en cuenta que casi todas las naciones latinoamericanas (Cuba es una excepción), están a merced de los intereses de Estados Unidos y bajo las ineficientes recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI), que destruyeron las economías de los otroras llamados tigres asiáticos a finales de la década de los 90 del pasado siglo.

La política de privatizaciones aplicada por la mayoría de las actuales administraciones, que han dejado a los estados huérfanos de sus propiedades más importantes y causado el desempleo a millones de personas, genera sucesivas protestas nacionales.

No son solo los trabajadores los que se oponen a tales programas financieros, sino también los representantes de la pequeña y mediana empresa que cada día empobrece más, e incluso de los propios partidos políticos.

Uruguay es un ejemplo. En los últimos días las protestas callejeras ganaron fuerza en ese país suramericano de unos tres millones de habitantes, con alrededor de 500 000 indigentes, el desempleo que afecta al 15% de la fuerza laboral, una inflación acumulada de 9% hasta junio y una pérdida de reservas durante el año del 55%.

Los ya tradicionales cacerolazos se han hecho sentir en las últimas semanas en las calles de la antes llamada Suiza de América, en protesta contra el anuncio gubernamental de nuevos recortes al presupuesto para reducir el déficit fiscal, otra de las tantas exigencias del FMI para otorgar un préstamo a la actual administración de Jorge Batlle.

Una de esas manifestaciones públicas coincidió con la entrega del informe anual del gobierno al Parlamento para su aprobación, en el cual plantea una serie de iniciativas antipopulares para cumplir los requisitos del FMI a cualquier precio, lo que supone reducción de gastos en salarios y recursos para la Educación y la Salud, dos servicios de los que solo se benefician quienes puedan pagarlos.

La decisión oficial generó una tensa situación en el país, que analistas estiman podría desembocar en estallidos sociales, aunque el Ejecutivo trate de restarle importancia a los últimos acontecimientos.

El diario uruguayo El Observador publicó hace unos días que el senador del partido Encuentro Progresista (EP) Alberto Couriel aseguró que el próximo jueves se realizará la interpelación al ministro de Economía, Alberto Bensión, impulsada por la oposición de izquierda.

Couriel consideró que la impugnación a Bensión "será muy dura" porque "será cuestionado sobre un modelo económico y una política financiera monetaria que están agotadas".

No solo la izquierda política desaprueba la gestión del titular de Economía. Políticos aliados al gobierno, como el senador Jorge Larrañaga, del cogobernante Partido Nacional (PN) también aseguran que desaprueban la gestión del Ministro, cabeza visible de una política fracasada.

Larrañaga, de quien los medios de prensa uruguayos señalan que en los últimos meses se ha distanciado del Ejecutivo, critica a Batlle por utilizar la ayuda internacional que ha recibido únicamente en auxiliar el sistema financiero.

Las reservas en dólares del Banco Central Uruguayo (BCU) cayeron un 66% en el primer semestre del 2002, de 3 100 millones en diciembre, hasta los 1 100 millones a fines del mes último.

Los próximos días serán decisivos en Uruguay, una nación que muchos temen siga los pasos de su vecina Argentina, su socia, además, en el Mercado Común del Sur, al igual que Brasil, devenido país de riesgo para los inversionistas en las últimas semanas.