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Cuestionan influencia de Washington Más allá de las plausibles intenciones de erigirse en paladín de la defensa de los derechos fundamentales, la actitud del actual gobierno de México tiene grandes limitaciones para librarse de la incesante presión norteamericana, subraya el periódico La Jornada al comentar el retiro de un proyecto de la CDH para favorecer a EE.UU. Piden ONG aztecas congruencia en la actuación en este sentido MÉXICO, 27 de abril (PL).—El diario La Jornada cuestionó hoy que México haya retirado de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra un proyecto de resolución para proteger las libertades fundamentales durante acciones contra el terrorismo. El lamentable fracaso de este proyecto —indica el editorial de la Jornada— pone de relieve, una vez más, la influencia de Washington sobre las resoluciones en materia de derechos humanos que se presentan a Naciones Unidas. Confirma que México más allá de las plausibles intenciones de erigirse en paladín de la defensa de estos derechos fundamentales, tiene grandes limitaciones para librarse de la incesante presión de Washington, subraya el texto. Recuerda que el proyecto demandaba que todas las medidas tomadas por los estados y la comunidad internacional para combatir el terrorismo debían estar sujetas a un mecanismo de inspección, que vigilara su aplicación conforme a los derechos humanos y garantías fundamentales, y en apego a las legislaciones humanitarias, incluyendo las de refugio y asilo, para su protección permanente. La importancia de la iniciativa en el contexto internacional nacido del11 de septiembre (día de los ataques terroristas contra Estados Unidos) resultaba incuestionable, afirma al agregar que en Estados Unidos se han adoptado medidas legislativas que erosionan las libertades civiles. Pone como ejemplo la Ley Patriótica, del 26 de octubre de 2001, y la Proposición de la Ley del 12 de diciembre de 2001, mediante las cuales se autoriza a los tribunales militares el enjuiciamiento de presuntos terroristas extranjeros, entre otras cuestiones. Explica que la primera de dichas medidas otorga al Poder Ejecutivo, en relación con los extranjeros no residentes y sospechosos de terrorismo, autorización para intervenir comunicaciones telefónicas e informáticas durante 120 días, congelar sus cuentas bancarias y detenerlos durante periodos renovables de seis meses. Manifiesta que dichas decisiones facultaron al presidente estadounidense George Bush para encomendar a tribunales militares y juzgar los delitos de terrorismo sin que los imputados puedan gozar de ningún derecho. Estas medidas, señala, además de avalar la discriminación injustificada de los extranjeros no residentes, proscrita por todos los tratados internacionales de derechos humanos, quebrantan el derecho a la libertad y facilitan la comisión de torturas. Advierte que "de haber prosperado la propuesta mexicana se habría puesto un freno al deterioro de las libertades civiles en ese país". Refiere que diversas ONG de derechos humanos han declarado que detrás del fracaso de la iniciativa se encuentran las presiones de Estados Unidos. Según declaraciones hechas a La Jornada por Amnistía Internacional y Human Rights Watch, indica, las presiones se instrumentaron directamente desde la embajada estadounidense a la Cancillería mexicana. ONG PIDEN CONGRUENCIA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS La propia publicación, señaló por otro lado, que organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos rechazaron ayer las actuales políticas de agresión, violencia y guerra de las potencias hegemónicas en contra de varios pueblos —entre ellos el cubano—, con el pretexto de la lucha contra el terrorismo; condenaron el bloqueo económico a Cuba impuesto por Estados Unidos desde hace 40 años, y demandaron al gobierno mexicano respeto al artículo 89, fracción décima, de la Constitución. Dicho artículo, subrayaron las organizaciones civiles, establece "la autodeterminación de los pueblos, no intervención, solución pacífica de las controversias, proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, igualdad jurídica de los Estados, cooperación internacional para el desarrollo, y la lucha por la paz y la seguridad internacionales". En conferencia de prensa, las organizaciones Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro Nacional de Comunicación Social, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura, Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos y Foro Migración fijaron su posición en torno a la política internacional del Gobierno mexicano, al que instaron a promover una política exterior autónoma, congruente y transparente en materia de derechos humanos, "cuidando los principios normativos que establece la Constitución, en particular el artículo 89". Las ONG señalaron en su pronunciamiento: "estamos conscientes de la importancia del trabajo de México sobre derechos humanos en las organizaciones internacionales, con tal de que ello tenga al mismo tiempo una repercusión directa, práctica, positiva en la situación de las garantías individuales en el país". Sin embargo, resaltó el sacerdote Miguel Concha, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, "rechazamos la manipulación que se hace de esos espacios para dirimir conflictos políticos entre Estados, por encima del respeto consistente, riguroso e imparcial de los derechos humanos de los individuos y de los pueblos". Dichas organizaciones civiles exhortaron al gobierno mexicano a mantener y reforzar las relaciones diplomáticas con el Gobierno de Cuba, "como expresión de la profunda solidaridad histórica que existe entre ambos pueblos, y que establezca canales efectivos de discusión y colaboración con el Senado de la República para revisar y formular una política internacional de Estado que oriente la actuación del Ejecutivo en política exterior". Al mismo tiempo demandaron al Senado que ratifique los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos, "sin ningún tipo de reserva limitativa de los mismos, como expresión de la soberanía de la nación y respuesta a los anhelos del pueblo". |
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