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Concejales de Caracas denuncian al Alcalde Mayor Renuncia Secretario de Seguridad de la Policía Metropolitana. Convocan a una marcha para hoy hasta la Fiscalía para pedir enjuiciamiento de ilegal secretario de la Confederación de Trabajadores de Venezuela. Opuesto Ministerio Público a prisión domiciliaria concedida al golpista Pedro Carmona NIDIA DÍAZ CARACAS, 17 de abril.—Para mañana jueves (hoy), un grupo de concejales de esta capital se presentará en las instalaciones de la Fiscalía General de la República para denunciar al alcalde mayor, Alfredo Peña, y a dos concejales del Cabildo Metropolitano por su responsabilidad en el allanamiento de la alcaldía de Libertador y el Consejo Municipal de Caracas. La actitud de Peña concita cada vez más el rechazo de la población como consecuencia de la política agresiva y de confrontación que viene desplegando en contra del proceso bolivariano.
En ese sentido, se conoció que uno de sus más cercanos colaboradores, su brazo derecho, Iván Simonis, se vio obligado a renunciar por una asamblea de policías de esa área, que se le insubordinaron, cansados al parecer de ser utilizados en ese tipo de política. Al hasta ahora Secretario de Seguridad de la Policía Metropolitana se le acusa hasta de tener un cuerpo privado de uniformados, así como de utilizar a la policía municipal solo en la protección y custodia de los sectores opositores, convirtiéndola en los escoltas de estos y de reprimir impunemente. Entre los argumentos que se dan, figura que tanto Peña como Simonis habían convertido el cuerpo en una especie de brazo armado. La actitud de los policías sublevados hoy se suma a la de los vecinos del área metropolitana, quienes se han dado a la tarea de recoger firmas para pedir la revocación del alcalde Peña, y denunciaron también que durante los allanamientos producidos al amparo del golpe contrarrevolucionario, cuadernos contentivos de esas firmas fueron destruidos. Por otra parte, se conoció que una tendencia sindical denominada Fuerza Bolivariana de Trabajadores 200, convocó para mañana (hoy) a una marcha hasta la Fiscalía General para exigir el enjuiciamiento de Carlos Ortega, el ilegal dirigente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, por su participación e instigamiento en los días previos a la asonada y durante esta. La Fuerza Bolivariana de Trabajadores 200, que dirige Reina Serquera, se retiró de las elecciones sindicales en rechazo a los sucios manejos de Ortega y el colosal fraude que preparó traicionando al movimiento obrero. Mientras esto sucede, la dirección de la CTV está planteando garantías para Ortega, quien desde el golpe se encuentra escondido. En un día relativamente calmado aquí en Venezuela, se conoció que el Ministerio Público se opuso a la decisión de una jueza que le concedió prisión domiciliaria al golpista Pedro Carmona, quien por unas horas fue presidente de facto en el país. La decisión está avalada en que al haberse definido preliminarmente a los hechos cometidos por Carmona como de rebelión y usurpación de funciones, delitos de los que se derivan penas de entre 12 y 24 años de privación de libertad, no procede darle "casa por cárcel", como se dice aquí. De acuerdo con la ley, esta solo clasifica si las sanciones no exceden de cuatro años. Finalmente, según medios de prensa, el ministro de Defensa, José Vicente Rangel, reveló que los cinco generales que serán juzgados por su participación en los hechos del 11 de abril, están guardando prisión en sus casas al tiempo que confirmó que los coroneles retirados de la aviación, Pedro Soto y Silvino Bustillos, pidieron asilo político en la embajada de Bolivia. Igualmente refugiado en la sede diplomática de esa nación andina, se encuentra el capitán retirado de la Guardia Nacional, Luis García Morales.
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La policía metropolitana, bajo el mando del alcalde mayor, Alfredo Peña, fue utilizada en la represión del movimiento popular en los días del fracasado golpe contrarrevolucionario.
