Líderes republicanos, mayoría dominante en la Cámara de Representantes, le hicieron saber a su correligionario, el presidente George W. Bush, que a menos que dé su visto bueno a una ley diseñada para socavar el poder del Tribunal Internacional de La Haya, el débito de un millón de millones de dólares seguirá en pie.

El ala conservadora de la Cámara baja quiere que el mandatario apruebe el Acta de protección de los miembros de las Fuerzas Armadas norteamericanas, la cual pondría a los militares estadounidenses lejos del alcance de los procesos de la corte contra criminales de guerra y genocidas.

De ser aprobado, el recurso, adjunto a una ley del Departamento de Estado contentiva del dinero de la ONU, reduciría la ayuda financiera norteamericana a los países que no son miembros de la Alianza Atlántica firmantes de los tratados del tribunal de La Haya, instaurada en 1998.

También prohibiría la participación de las tropas del Pentágono en las fuerzas de paz de la ONU a menos que el Consejo de Seguridad del organismo internacional conceda inmunidad a los soldados norteamericanos.

Considerada por expertos legales como "el acta de invasión a La Haya", la legislación que pretende aprobar el Capitolio a cambio de saldar la deuda con las Naciones Unidas, otorgaría poderes al Presidente para hacer uso de la fuerza militar con el objetivo de liberar a los efectivos estadounidenses o aliados procesados por la corte.

El gobierno de Bush se opone al Tribunal Internacional bajo explicaciones de que amenaza la seguridad del personal militar estadounidense.

El republicano opina que el acta pretendida por el Congreso limitaría sus acciones en conflictos mundiales y aumentaría las tensiones entre Washington y los aliados, suficientemente decepcionados con la aversión de Estados Unidos a tratados internacionales como el Protocolo climático de Kyoto.