Una Corte federal de Colombia ordenó la víspera detener de manera temporal las fumigaciones a los plantíos de coca en los departamentos de Putumayo, Caquet y Guaviare, habitados mayormente por indígenas.

El dictamen respondió a un recurso interpuesto la semana pasada por las comunidades autóctonas que pedían el cese de la aspersión aérea en sus territorios debido a los prejuicios para la salud de sus habitantes y al medio ambiente.

Líderes indígenas, ecologistas y organizaciones no gubernamentales locales denunciaron el uso del glifosato, un herbicida producido en Estados Unidos que provoca serias afecciones respiratorias e infecciones en la piel.

El presidente colombiano, Andrés Pastrana, por su parte, advirtió que las fumigaciones aéreas continuarán en el resto del país, en las grandes extensiones controladas por el narcotráfico, a fin de cumplir con el polémico antidrogas y antinsurgente Plan Colombia, que prevé la reducción al máximo de los cultivos de coca y amapola.

Parlamentarios colombianos saludaron desde Washington la postura del Gobierno, al alegar que esas zonas son sometidas a las fumigaciones desde diciembre pasado tras lo cual se registraron enfermedades intestinales e infecciones en la piel, daño ambiental y destrucción de los cultivos legales.

El senador Rafael Orduz calificó esa política de locura por ser improductiva, generar daños a las personas y al medio ambiente, así como afectar los derechos humanos de los ciudadanos.