Chile

Sobreseer la peor política

JOAQUIN RIVERY

Parece tratarse de uno de esos laberintos de juego virtual de computadora, donde el operador pasa de un lado a otro sin encontrar la salida por mucho que la busque, desesperándose. Pero a diferencia del laberinto del Minotauro, el caso a que me refiero no precisa de ningún hilo conductor para encontrar nada. Todo está claro.

El proceso que se sigue al ex dictador chileno Augusto Pinochet parece no terminar nunca. Siempre hay una dilación, una maniobra, una decisión de alguna corte dirigida a prolongar indefinidamente una investigación ya sancionada por la historia de Las Américas.

Aquí no hay nada oculto. Se conoce la verdad desde el primer momento. Cualquiera que siga atentamente el caso llegaría fácilmente a la conclusión de que Pinochet no será juzgado nunca y nadie podría acusar al que así razonara de ver resultados tendenciosos en un proceso sin otra solución a la vista.

Si se puede juzgar o no, si se le retira la inmunidad parlamentaria que él mismo se dio, si se admite una demanda, una contrademanda, una finta jurídica, la salud, la edad... a cualquier cosa se ha recurrido para demorar un juicio verdadero y todo, al final, para conducir exclusivamente a un intento de evitar el veredicto inapelable de condena a toda una política.

A ningún chileno, aunque sea familiar de Pinochet, le cabe la menor duda de la responsabilidad del hombre que se mostraba en las fotografías públicas premunido de espejuelos oscuros y una pose del duce Mussolini.

La última maniobra de la defensa del ex dictador fue solicitar que un fiscal demandara sobreseer la causa arguyendo nuevamente problemas de salud. Si los partidarios de Pinochet lo logran, habrán alcanzado su gran objetivo de evitar un juicio legal a una práctica política determinada y a sus promotores.

Porque, si algo está claro para el planeta completo es que no se está juzgando a una persona. En el banquillo de los acusados se encuentran las fuerzas armadas chilenas y la clase económica que apoyó a la horrenda dictadura y se benefició de ella. Y más todavía, el proceso se extiende realmente a la línea seguida por los gobiernos norteamericanos a lo largo de años, pues, en fin de cuentas, Pinochet y su régimen son criaturas de una Agencia Central de Inteligencia confesa.

Se dice mucho que no hay intromisión política en el poder judicial chileno, como si fuese posible que un proceso a la dictadura militar no tuviera una esencia política neta desde el primer momento.

Si el gobierno chileno realizó todas las gestiones posibles para la repatriación del ex dictador desde Londres —cuando este fue detenido el 16 de octubre de 1998 por demanda de un juez de Madrid con la pretensión de aplicar leyes fuera del territorio español—, se basó no solo en aspectos jurídicos, sino en principios políticos.

Siguiendo paso a paso los acontecimientos alrededor del caso he visto demorarse las decisiones una vez tras otra. La carta básica de los defensores de la dictadura militar siempre ha sido la salud supuestamente quebrantada del ex general de espejuelos oscuros, jugando también a la posibilidad del aceleramiento del proceso normal de desgaste senil de una persona —a punto de cumplir 86 años— y de determinadas cláusulas de las leyes chilenas para evitar procesos a personas enfermas.

No obstante, nada pueden hacer los abogados defensores de una época oscura y de su representante más emblemático. Pinochet, ni siquiera cuando tenía todo el poder en sus manos y se jactaba de conocer hasta el más mínimo movimiento en su país podía viajar libremente por un mundo que lo despreciaba a él, a su régimen y a sus métodos.

Sus promotores, inspiradores y financieros, los gobiernos de Washington que tanto se muestran hoy como defensores de los derechos humanos, han sido tan condenados como Pinochet por una humanidad que hoy continúa sublevándose en Seattle, Davos, Praga o Quebec, aunque ahora contra la dictadura del hambre desatada por el neoliberalismo.