La lucha cubana contra un engendro yanki (2)

La Enmienda Platt, resistencia e imposición

OSCAR ZANETTI

Para la Convención Constituyente cubana la Enmienda Platt significaba un verdadero ultimatum. El máximo órgano representativo del pueblo cubano se veía forzado a hacer patente en la propia acta de nacimiento de la república, su reconocimiento del derecho de los Estados Unidos a intervenir en los asuntos del país. Y no solo ello; también por obra de las estipulaciones de la Enmienda las facultades del gobierno cubano para concertar tratados con terceras naciones se subordinarían al criterio de Washington, porciones del territorio nacional resultaban comprometidas para la instalación de estaciones navales norteamericanas e Isla de Pinos quedaba omitida de los límites del Estado cubano.

Cuando la humillante exigencia fue comunicada formalmente a la Convención el 7 de marzo, el texto de la Enmienda ya era conocido en Cuba. Y la reacción popular había sido tan digna como ardorosa. El 2 de marzo, apenas sancionada la ley por el presidente McKinley, una imponente manifestación de más de 15 000 personas recorrió las calles de La Habana para expresar su respaldo a la actitud de la Constituyente y demandar el reconocimiento de la plena independencia cubana. En días sucesivos las manifestaciones se repitieron en la capital y se extendieron a Santiago, Sagua la Grande y otras ciudades, mientras la prensa se hacía eco de múltiples expresiones de repudio al mandato imperial y en el Palacio de Gobierno se recibían las resoluciones de impugnación acordadas por casi todos los ayuntamientos del país.

Preocupado por la magnitud de las protestas, el gobernador Wood llegó a afirmar que la Enmienda podría ser revisada por el legislativo en Washington, mentira manifiesta con la que se daba inicio a una verdadera campaña de apaciguamiento por parte de las autoridades norteamericanas. El secretario Root tampoco escatimó argumentos, en particular para convencer a los delegados a la Constituyente del valor puramente simbólico del derecho de intervención, aseverando que este carecería de toda efectividad. Mientras aplacaba los ánimos adversos, Washington comenzó a mover sus peones. Una delegación de las corporaciones económicas cubanas que se hallaba en Washington para solicitar rebajas a los aranceles del azúcar y el tabaco, fue fácilmente convencida de que la aceptación de lo estipulado por Platt sería el preámbulo para la adopción de medidas que aliviarían la difícil situación económica de Cuba. Con semejante incentivo, el Círculo de Hacendados, el Centro de Comerciantes y las restantes corporaciones burguesas, comenzaron a bombardear a la Convención con cartas y manifiestos en las que reclamaban que se accediese la Enmienda a cambio de un favorable arreglo comercial con EE.UU. No en balde fue precisamente un hacendado azucarero, Joaquín Quilez, el único delegado que se pronunció abiertamente por aceptar la Enmienda cuando la Constituyente reabrió sus deliberaciones.

Pero en el órgano legislativo se imponía una corriente de rechazo. Con su enérgico voto particular, Salvador Cisneros Betancourt había dado notable impulso a esa tendencia, cuyas posiciones fueron consolidadas por la brillante ponencia de Juan Gualberto Gómez, detallado análisis del articulado de la Enmienda que ponía de manifiesto sus nefastas implicaciones para el futuro de Cuba. Claro que tampoco se estimaba conveniente el choque frontal; por ello se acordó enviar una comisión a Estados Unidos, con la intención de llegar a un entendimiento con la administración McKinley.

Durante sus dos semanas de estancia en tierras norteamericanas, la comisión fue objeto de múltiples agasajos y atenciones por parte de las más prominentes autoridades de gobierno, incluyendo al propio presidente. Estas insistirían en la escasa trascendencia práctica del articulado de la Enmienda, cuyo espíritu —aseguraban— no era otro que el de garantizar la independencia de Cuba. En el mismo sentido se pronunciaron algunos hombres de negocio y hasta don Tomás Estrada Palma, el antiguo delegado del Partido Revolucionario Cubano, para quien el engendro del senador Platt resultaba una suerte de "mal menor", de aceptación indispensable si se quería alcanzar la independencia.

El desarrollo de estas gestiones y entrevistas terminó por atemperar la actitud de la mayoría de los comisionados. De regreso a La Habana, estos propondrían en su dictamen que se aceptase la Enmienda. Pese a que los comisionados en minoría —Juan Gualberto Gómez y Manuel R. Silva— recomendaron mantener el acuerdo original de la Convención que transfería el asunto de las relaciones con EE.UU. al primer gobierno cubano constituido, el cuerpo legislador aprobó el dictamen de aceptación, aunque por el margen de un solo voto.

El tiempo y las circunstancias habían contribuido a quebrantar la resistencia. Carentes de una conducción política apropiada, los ánimos populares terminaron por aquietarse, mientras las preocupaciones de las corporaciones económicas conseguían ganar ciertos sectores de opinión. En Estados Unidos, la reciente inauguración del segundo período presidencial de William McKinley tras una arrolladora victoria electoral republicana, así como el aplastamiento de la insurrección filipina, provocaban un reflujo del sentimiento antimperialista y no cabía esperar que la resistencia cubana encontrase allí un respaldo significativo. Estas y otras consideraciones movieron a hombres como Manuel Sanguily, que, sin ocultar su repugnancia, votaron resignadamente por aceptar la Enmienda como único medio de alcanzar la república.

No sabían los delegados a la Constituyente que aún les estaba reservada otra humillación. Según lo acordado, el texto que se adjuntaría a la Constitución incluía, además de los artículos enunciados por Platt, un conjunto de salvedades y consideraciones respecto al alcance e interpretación de estos. Apenas recibido en Washington, el documento fue devuelto al órgano legislativo cubano con la advertencia de que hiciese a un lado toda cortapisa; el texto de la Enmienda Platt debía aceptarse literalmente e incluirse como un apéndice en la carta magna cubana, sin modificaciones ni adiciones. De tal suerte, la Convención se vio obligada a votar nuevamente el texto íntegro de la Enmienda el 12 de junio.

Bajo las provisiones del Apéndice Constitucional, las inversiones norteamericanas encontrarían en Cuba garantías más que suficientes de un tratamiento privilegiado. No había margen a equivocaciones: la hegemonía de Estados Unidos sobre Cuba resultaba indisputable y ninguna potencia se atrevería a desconocer lo que a todas luces constituía una forma de coloniaje tan mendaz como novedosa. El derecho de intervención, por otra parte, actuaría como un factor fundamental en la descomposición de la vida política cubana, pues la ostensible subordinación de los gobernantes criollos les restaba legitimidad en el ejercicio de sus funciones, mientras Washington se reservaba la facultad de arbitrar las diferencias y satisfacer las ambiciones de los políticos en pugna. Wood lo reconocería sin tapujos en una carta a Theodore Roosevelt: tapujos: "Bajo la Enmienda Platt, por supuesto, le queda a Cuba muy poca, o ninguna, independencia".

Ese Estado cubano "enmendado", con su soberanía cercenada, no podría ser la República soñada por Martí.