Maniobras políticas encubren corrupción en Latinoamérica

Roger Ricardo Luis

A 2 000 millones de dólares anuales asciende el monto de la corrupción en Ecuador, según denunció la doctora Alejandra Canto, integrante de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción de esa nación sudamericana, al intervenir en el Primer Encuentro Internacional sobre el Derecho y sus retos frente a la Corrupción que sesiona en el Palacio de las Convenciones.

La abogada indicó que con esa suma podrían construirse no menos de 20 hospitales públicos bien dotados, 10 000 escuelas, igual cantidad de kilómetros de carreteras y pagársele cada año a 5 000 maestros y cifra similar de médicos y jubilados, por citar algunos ejemplos.

Señaló que la riqueza del país se concentra en 300 familias, en tanto el número de pobres alcanza al 62 por ciento de la población, entre ellos dos millones de niños sin acceso a vestuario y calzado.

La citada Comisión Anticorrupción desde 1997 ha recibido
2 200 casos de denuncias. Expresó que los principales nichos para este fenómeno se localizan en las finanzas y la contratación públicas, la Aduana, la industria del hidrocarburo, infraestructura de telecomunicaciones y eléctrica, y formas de gasto a cuenta del Estado como los denominados asignaciones globales y gastos reservados que gravan el presupuesto nacional.

La doctora Alejandra Canto expresó que las leyes son permisivas de la impunidad y la corrupción. Ello se expresa en la ambigüedad y fracturas a la hora de enjuiciar y condenar delitos como el enriquecimiento ilícito, el peculado bancario, el cohecho, el soborno internacional, entre otras expresiones delictivas. Tal fenómeno fue suscrito por otros participantes de América Latina en el foro, quienes reconocieron que la realidad ecuatoriana se reproduce de una manera u otra en sus países.

Consideró que entre los retos del Derecho ante esta plaga está en aunar esfuerzos y acciones tendentes a disponer de legislaciones penales eficaces contra la corrupción y que permitan una colaboración internacional efectiva que propenda a la ayuda mutua en materia de verificación, repatriación de delincuentes y patrimonios mal habidos, incluyendo la confiscación de bienes en interés de restituirlos a los países dañados.

Manifestó que la comisión que ella representa es un ente de la sociedad civil y en la que están representadas universidades, gremios profesionales y de productores, centrales sindicales, organizaciones de mujeres y de derechos humanos, entre otras instituciones con el interés de alertar, investigar, denunciar, asesorar en la materia, como también contribuir a una cultura cívica de la población.