Gardeo a presión a ilegalidades en la vivienda

Suntuosas residencias fruto de no pocos actos ilícitos siguen siendo confiscadas. Presidente del INV ofrece detalles sobre el tema

MARIA JULIA MAYORAL

ISMAEL FRANCISCO

Poner fin a la construcción de suntuosas casas, levantadas mediante procedimientos ilícitos y que "nada tienen que ver con la política de vivienda de la República de Cuba", constituye una prioridad central de las autoridades competentes de nuestro Gobierno, subraya Mario Cabello Marante, presidente del Instituto Nacional de la Vivienda (INV).

JORGE LUIS GONZALEZ

El programa habitacional cubano tiene y mantendrá un fin social a favor del pueblo.

Detrás de la edificación de esos inmuebles majestuosos o de su compraventa ilegal suelen moverse grandes sumas de dinero. Allí constatamos las acciones más corruptoras y degradantes en torno a la vivienda. Por tanto, en el ciento por ciento de los casos comprobados se ha procedido a la extracción de los ocupantes y a la confiscación de las casas, las cuales están siendo destinadas a diferentes usos sociales para bien de la comunidad, precisa el presidente del INV.

Retirar la propiedad está previsto en la disposición especial séptima de la Ley General de la Vivienda, donde se plantea: "Las cesiones de la propiedad de la vivienda y las permutas en las que medió el propósito de lucro, enriquecimiento o explotación, y con violación de los requisitos y trámites dispuestos en la presente Ley son ilegales y podrán ser sancionados con la pérdida de la vivienda que fuera objeto de especulación y de los fondos obtenidos en la venta o permuta...".

La aplicación de la mencionada Disposición —según aclara Cabello— desde finales del año anterior pasó a manos de las direcciones municipales de la Vivienda, con el fin de hacer más expeditos los trámites.

Nuestra legislación —comenta— es la más noble, altruista y humana que se ha concebido en el mundo. El Estado subsidia el 50 por ciento del valor de las viviendas, las cuales se pagan en 20 años con un interés bancario muy blando, de un tres por ciento como máximo, y los ciudadanos son propietarios desde el primer momento, aunque continúen pagando la deuda con el Banco.

LAS DECISIONES PARTEN DE UN RAZONAMIENTO HUMANO

Con una legislación así —recalca—, lo menos que puede hacer la Revolución con esos infractores graves, es retirar la propiedad, aunque siempre las decisiones parten de un razonamiento humano, se evitan los conflictos traumáticos; pero al final siempre tiene que aplicarse la ley.

—Según se ha dicho, muchos negocios ilegales con grandes casas han estado asociados al alquiler ilícito, la prostitución y otras acciones negativas.

—En torno a esos hechos se han movido otros fenómenos tan o más graves como la prostitución, el soborno e incluso la participación de extranjeros, quienes han tratado de violar nuestras leyes, usando para materializar sus actos varias decenas de miles de dólares. Por ende, estos casos reciben la máxima prioridad en nuestro enfrentamiento. A nadie escapa su elevada peligrosidad social.

Estamos en medio de una batalla. Un razonamiento positivo indica que no estamos cruzados de brazos. Un razonamiento integral y maduro confirma que faltan muchas cosas por hacer, pues las ilegalidades, cada vez con mayor frecuencia, aparecen enmascaradas tras diversos subterfugios.

A veces se visitan casas y por los documentos todo parece estar en orden; pero si profundizamos —y lo hacemos también con mayor rigor—, detectamos violaciones. Por ejemplo, permutas desproporcionadas tras las cuales hay un manejo ilícito de dinero y documentos falsificados para dar fe de titularidad a un ocupante.

Con la inscripción de las viviendas en el Registro de la Propiedad será mucho más fácil detectar cualquier irregularidad. El Ministerio de Justicia trabaja a todo tren en el asunto y, pasado algún tiempo, tendremos activado ese registro; entonces, un solo documento servirá para dar cuenta de la titularidad de una vivienda.

—Tanto informes oficiales como los comentarios de la gente en la calle refieren que parte de las ilegalidades han sido posible por la intervención de notarios y funcionarios de la Vivienda ¿Qué dimensión tiene ese fenómeno y cómo se ha actuado contra tales manifestaciones de corrupción?

—Los malos manejos existen. Pero no hay una epidemia. Nuestros trabajadores son básica y mayoritariamente personas honorables. Sin embargo, se da un caso, dos, tres... y todo el mundo se entera y ahí vienen la generalización, el daño moral y las estigmatizaciones.

Hemos detectado sobornos y otros hechos de corrupción en los cuales han estado implicados empleados de varios organismos, incluyendo los nuestros. Más del 83 por ciento de los casos de mala actuación en la Vivienda se ha conocido por denuncias de la población, lo cual demuestra lo importante de la participación popular en esta batalla.

Los tribunales vienen juzgando con severidad y, al mismo tiempo, se ha reforzado la atención diferenciada al comportamiento ético de los trabajadores de la Vivienda por parte de las administraciones, el movimiento obrero y las organizaciones políticas.

Nuestros inspectores, por ejemplo, firman el código de ética y son presentados en el barrio donde viven con el ánimo de facilitar la vigilancia popular sobre su nivel de vida y conducta, pues cualquier medida administrativa o legal siempre será insuficiente. La vida va cambiando y surgen nuevas manifestaciones de ilegalidades, de ahí la importancia del trabajo codo a codo que llevamos adelante con los CDR.

EL ESTADO TRABAJA PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA VIVIENDA

La vivienda en Cuba —recuerda— no es un objeto de lucro. El acceso de cada familia a una casa decorosa constituye un derecho constitucional, y para lograrlo trabaja y se esfuerza el Estado Socialista. Es un principio central que no ha podido cumplirse únicamente por razones económicas, pues voluntad política sobra.

"A finales de los años 80, asociado a la rectificación de errores y tendencias negativas, la Revolución trabajaba para terminar 100 000 viviendas anuales en el país. Se planteaba levantar unas 20 000 cada año en Ciudad de La Habana. Con ese propósito fueron emprendidas importantes inversiones en la industria de materiales de la construcción y se revitalizaron las Microbrigadas. De no ser por el período especial y el recrudecimiento del bloqueo, en los últimos seis años solo en la capital se hubieran construido 120 000 viviendas, con lo cual estaría erradicada gran parte de las actuales cuarterías y no tendríamos muchos de los graves problemas que tenemos.

"Hoy estamos construyendo en el país más de 40 000 viviendas anuales; mientras las labores de conservación y rehabilitación —sin llegar aún a los niveles necesarios debido a la escasez de materiales y financiamiento— benefician unas 300 000 viviendas cada año. En las labores de conservación ha sido muy beneficioso el Plan Cayo Hueso, iniciado en el Consejo Popular del mismo nombre en Ciudad de La Habana y que se ha extendido por todo el territorio nacional.

EN CONSTRUCCION MAS DE 120 MIL POR ESFUERZO PROPIO

—¿No le resulta contradictorio que disminuyan los planes constructivos y las ventas de materiales en los rastros, mientras en muchos lugares aparecen nuevas —y a veces opulentas— casas por "esfuerzo propio"? ¿Cómo explica esa situación?

—La adquisición de materiales para construir y reparar tiene diferentes orígenes: las ventas en las tiendas recaudadoras de divisas, las realizadas por distintos organismos a sus trabajadores y las que efectúan los rastros por valores entre 30 y 35 millones de pesos anuales durante estos últimos años, luego de haber descendido a 14 millones en 1995 debido al Período Especial.

Pero si sumamos lo entregado por esas vías, evidentemente hay una cantidad de materiales con diferentes procedencias legales o ilegales, que también son utilizados en estos trabajos, cuyos orígenes aún no están claros.

Actualmente en el país están en proceso de construcción más de 120 000 viviendas por esfuerzo propio. Entre las medidas para poner orden se decidió aumentar el cuerpo de inspectores y ejecutar un levantamiento localidad por localidad. Además, las licencias para construir por esta vía se están otorgando en estos momentos de manera muy excepcional.

Como parte del ordenamiento en curso, también se han emitido varias regulaciones legales entre ellas el Decreto 272 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, De las contravenciones en materia de ordenamiento territorial y urbano, adoptado en febrero del 2001, que prevé altísimas multas para las infracciones e incluso la demolición de lo construido o su confiscación.

A las personas honradas, con reales necesidades, se le dará prioridad en la venta de materiales y en la licencia para ampliar o construir su casa, en la medida de las posibilidades aún bastante limitadas. El esfuerzo propio no puede ser una vía para el lucro, ni para levantar lujosas viviendas, como tampoco un camino abierto a donde vayan a parar los deficitarios recursos del Estado. Todas las aristas del programa habitacional cubano tienen y mantendrán un fin social a favor del pueblo.