«El Estado soy yo»

«Luis XIV decía: “El Estado soy yo”. Era la máxima expresión del absolutismo». Con estas palabras Fidel respondía a una pregunta del periodista italiano Gianni Miná, y añadiría: «En nuestro país, en cambio, cada ciudadano puede decir: el Estado soy yo, por su participación en todas las actividades, porque entre otras cosas él defiende ese Estado, es parte de ese Estado».

Con este comentario nuestro Comandante en Jefe estaba resaltando algunos de los componentes esenciales del sistema político cubano, el que precisamente debemos refrendar en las Elecciones Generales 2017/2018.

Hace más de 40 años que nuestro pueblo participó en las primeras elecciones de la Revolución; desde entonces han puesto a prueba la unidad y la conciencia revolucionaria del pueblo, ya que todas se han efectuado en medio del bloqueo genocida imperialista y de sus planes anexionistas; a lo que se añaden las difíciles circunstancias que vivimos durante el proceso de rectificación de errores y tendencias negativas y en el periodo especial, momentos que quiso aprovechar el vecino del norte para destruir la Revolución, al extremo de concederle tan solo una semana de vida.

En cualquier análisis que se haga de las elecciones en Cuba hay que retrotraerse al año 1976, cuando se puso a prueba por primera vez el sistema electoral cubano, cuyo sostén jurídico se encuentra en la Constitución de la República y la Ley Electoral No. 72.
Desde entonces, con sano orgullo revolucionario, Cuba muestra al mundo un sistema electoral único, autóctono y genuinamente democrático, que no solo cumple estrictamente lo que al respecto se establece en La Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos, Viena, 1993, sino que incorpora nuevos derechos y formas participativas que garantizan y promueven la incorporación del pueblo a la conducción real de la sociedad.

Los cubanos, a diferencia de otros pueblos, disfrutamos del derecho de proponer y nominar a los candidatos que posteriormente elegirán en voto libre, directo y secreto, quienes, en su nombre, ejercerán el gobierno del municipio; derecho que en los países de democracia representativa, poseen exclusivamente, los partidos políticos.

Es importante añadir que Cuba forma parte de los pocos países –apenas cinco– en que la edad para votar es de 16 años; se destaca además el hecho de que, con 18 años de edad, se puede ocupar un cargo en el Parlamento; y que en todas las elecciones celebradas, siempre han votado más del 95 % de los electores. También nuestro país es referente por el papel decisivo que desempeñan las organizaciones de la sociedad civil, las que son imprescindibles para garantizar todas las fases democráticas que dan legitimidad al sistema electoral.

Entre otras virtudes exclusivas del proceso electoral cubano se encuentran que los delegados y diputados no cobran salario por desempeñar esos cargos, pueden ser revocados en cualquier momento del mandato, y tienen que rendir cuenta periódicamente a sus electores. Los cubanos no tienen que hacer gestión alguna para ser inscriptos en el registro de electores, pues este funciona de manera automática cuando el elector cumple 16 años de edad; tienen derecho a estar presentes en la revisión de las urnas antes de la votación y durante el conteo de los votos.

A diferencia del nuestro, el sistema electoral de Estados Unidos está diseñado para evitar que las grandes mayorías puedan votar, en particular los obreros, negros, latinos y, en general, los pobres; como se demuestra en el hecho de que el día fijado para la elecciones sea un martes, o sea, un día laboral; al no ser automático el registro de electores, inscribirse para poder votar es un gran dolor de cabeza; además de estar protegido por una enredada madeja de leyes nacional, estaduales y locales, todas dirigidas a limitar y restringir el derecho al voto, formas muy sutiles para lograr que el electorado predominante sea blanco, anglosajón y de ingreso medio o alto.

Como consecuencia de estos enredos y por la gran desmotivación de los electores para ejercer su derecho a votar, los presidentes son elegidos, en su gran mayoría, por menos del cincuenta por ciento de los votos. Desde 1999, como media, más de 100 millones de votantes dejan de acudir a las urnas, y no son pocos los ejemplos como los de las ciudades de Dallas y de San Antonio, donde en 1999, los alcaldes fueron electos con el 5 % y 7,5 % de los votos, respectivamente. Otro dato elocuente es que no siempre el candidato presidencial que obtiene la mayoría de los votos del pueblo es el que resulta electo; tal y como pasó en la elección de Donald Trump.

Digamos también que las cifras millonarias que se emplean en las campañas electorales hacen imposible que un representante humilde del pueblo pueda presentar su candidatura y menos aún ser electo; un ejemplo de ello es que el 30 % de los miembros del Congreso –donde no hay presencia de obreros, campesinos ni estudiantes– son millonarios.

En América Latina la situación no es muy diferente, se puede decir que en muchos aspectos se iguala con lo que ocurre en los Estados Unidos: fraudes, mercantilización, propagandas difamatorias, alto abstencionismo. Pongamos como ejemplo, que en las elecciones celebradas entre 1995 y el 2003, los presidentes electos en los diferentes países, lo fueron, como media, con un 34,4 % de los votos emitidos; siendo el presidente de Venezuela, Rafael Caldera, con un 17,8 %, el que menor número de votos alcanzó.

En la Cuba capitalista ya se reflejaban los mismos males que hoy están presentes en los procesos electorales de Estados Unidos, América Latina y en otros países de nuestro planeta.

Desde las primeras elecciones celebradas en el territorio nacional, organizadas y controladas por el gobierno interventor norteamericano se introducirían los vicios que perdurarían hasta el triunfo de la Revolución.

Desde la primera elección presidencial, hasta la celebrada en 1958, en la que el candidato del dictador Fulgencio Batista obtuvo nada más que el 15 % de los votos, en todos los procesos electorales que se efectuaron hasta 1958, con excepción del de 1905, ningún presidente alcanzó siquiera el 45 % de votación, y siempre con un alto por ciento de abstención.

Otros elementos negativos que caracterizaban esas farsas electorales eran el fraude, el robo de boletas, la compra de votos y el hecho de que, hasta los muertos votaban.

Un análisis comparativo de los procesos electorales en Cuba, antes y después de la Revolución, no solo demostraría las abismales diferencias entre las virtudes del socialismo y la pobreza moral y política del capitalismo, sino también el obsesivo propósito del imperialismo por destruir la Revolución y convertir nuestro territorio en uno más de la Unión estadounidense; razones que explican las permanentes campañas difamatorias y de desinformación sobre las elecciones cubanas, y su posición de jamás reconocerlas.

Esta permanente política de hostilidad del imperialismo norteamericano contra Cuba convierten nuestras elecciones, en la práctica, en un plebiscito sobre la Revolución, lo que determina la necesidad de que los cubanos asistan masivamente a votar, no solo por sus candidatos de preferencia, sino también como demostración de apoyo a su sistema político y a la Revolución y, con ello, enviar a los vecinos del norte un mensaje de la unidad indestructible del pueblo para que nunca se equivoquen.

Sabemos que múltiples son los retos que enfrentaremos al concluir las Elecciones Generales 2017/2018, entre ellos el de incrementar la participación del pueblo en la toma de decisiones desde la localidad hasta la nación y, además, lograr que un mayor número de vecinos participen en los controles que hacen los Consejos Populares a las unidades ubicadas en su territorio, y se informe a la comunidad de los resultados y medidas que se adoptan.

Resulta también imprescindible erradicar todo lo que está afectando el buen funcionamiento del proceso de rendición de cuenta de los delegados a sus electores que laceran su autoridad y credibilidad, al igual que la de los órganos superiores locales del Poder Popular. En esa dirección se impone hacer valer el concepto que la definen como un proceso continuo y sistemático, consciente, planificado y organizado; y en el que, si bien es cierto que es el delegado el que rinde cuenta de su labor, también los Consejos de Administración, las entidades administrativas y empresariales del territorio están obligados, por normas del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros, a facilitarles el trabajo y a contribuir para que los resultados de la reunión sean un éxito.

Se requiere, además, perfeccionar los mecanismos de preparación y superación de los delegados y diputados, que los entrenen en el ejercicio de gobernar; en el dominio de sus funciones y atribuciones, y en el conocimiento de los documentos rectores del sistema del Poder Popular.

Otros retos a enfrentar se ubican en el campo del vínculo sistemático de los diputados con los electores del municipio por los que resultaron electos, pues a pesar de los avances alcanzados en esa dirección, es evidente que se requieren establecer otros vínculos y espacios que les permitan con mayor frecuencia dialogar y conocer los problemas que afectan a la población.

En el camino del perfeccionamiento de los órganos del Poder Popular el tema del Presupuesto del país, de las provincias y los municipios requiere de un profundo análisis respecto al papel que deben jugar diputados y delegados. Digamos por ejemplo, qué hacer para que diputados y delegados sean consultados en la fase de elaboración del anteproyecto para que puedan trasmitir los problemas que más afectan a la comunidad; cómo prepararlos mejor para que al momento de su aprobación puedan participar con total dominio de su contenido y alcance; y cómo lograr que participen activa y sistemáticamente en el control de su ejecución.

Finalmente, habrá que estudiar y buscar respuesta a diferentes interrogantes que hoy están afectando el buen funcionamiento del Poder Popular en los municipios, como por ejemplo: ¿Será suficiente que en su ejercicio de gobernar y de examinar todos los asuntos del desarrollo económico y social del territorio, los delegados y la Asamblea Municipal empleen aproximadamente 36 horas al año? ¿Es que acaso no resulta importante definir cuáles son los acuerdos de la Asamblea Municipal que deben ser de obligatorio cumplimiento por las unidades de subordinación local? ¿No sería conveniente pensar en nuevas medidas para dotar al municipio de los recursos necesarios e incrementar sus facultades para desarrollar al máximo posible los planes de desarrollo local, a la vez de eliminar las trabas administrativas que hoy lo sujetan?

El próximo domingo nuestro pueblo concurrirá masivamente a votar, y es bueno recordar que para nuestro José Martí: en el voto va vida, honor y porvenir; que no ejercer ese derecho es como abandonar el fúsil ante el enemigo; y que también nos llama a elegir, con voto enérgico y mayoría de grande, hombres probados, sanos, útiles, capaces.