Un paso más cerca de una ley de la Comunicación Social en Cuba

Lograr la articulación de un sistema de comunicación social que se desarrolle en los ámbitos mediático, institucional, y comunitario, así como su expresión en los espacios públicos físicos y digitales es, sin duda, una victoria sin precedentes para Cuba, que tiene ganada una batalla más con el Anteproyecto de Ley de la Comunicación Social.

La versión 32 de este documento jurídico, disponible desde hace unas jornadas para la población, en el sitio web del Ministerio de Justicia; y que cuenta con dos títulos, 12 capítulos, 69 artículos, una disposición especial, una transitoria y seis disposiciones finales, sitúa a los ciudadanos como el núcleo de todos estos procesos y apuesta por la transparencia en la gestión de la información de interés público.

Ello significa la obligación de los funcionarios del Estado en atender al pueblo, rendir información, someterse a su control y también que las personas están facultadas para solicitarles esa información pública.

Así lo explicó recientemente uno de los miembros de la comisión redactora del Anteproyecto, Onelio Castillo Corderí, vicepresidente del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), quien afirmó que la futura Ley es el resultado de la política de comunicación del Estado y del Gobierno cubanos en 2018, pero también la respuesta a los preceptos constitucionales, en el afán de fomentar el consenso y la unidad nacional como pilares de la construcción socialista en Cuba.

Aseguró, además, que se sustenta en la práctica comunicacional de nuestro país, antes y después de la aprobación de esta política, así como en los acuerdos y directrices emanados de los Congresos del Partido.

La normativa, por otra parte, pondera la trascendencia de los procesos comunicacionales para fortalecer la cultura del diálogo y la participación transformadora a nivel social, lo que significa una expresión tácita de democracia, de acuerdo con Castillo Corderí.

Además, destacó, defiende el uso responsable y ético de los datos, la información y la comunicación social.

UN PROYECTO ABARCADOR, MÁS ALLÁ DE LOS MEDIOS

Lo anterior lo deja claro, pero Jorge Legañoa Alonso, vicepresidente de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), miembro también de la comisión de elaboración de la norma, lo confirmó: «esta normativa trasciende el plano mediático, pero también se convierte en la oportunidad para construir un nuevo tipo de relación entre las instituciones y las fuentes de información, así como entre estas y los periodistas y medios de comunicación cubanos».

Además, constituye otro paso para la transformación de la gestión editorial y económica de los medios de comunicación, un eslabón para la consolidación de un sistema de la comunicación más certero, que responda a los intereses de los públicos con mayor eficiencia que lo logrado hasta ahora.

Acotó, en ese sentido, que solamente en el registro de publicaciones seriadas son más de 600, tanto impresas como digitales, 142 medios de comunicación en el ICRT, y todos ellos se reconocen.

Establece conceptos importantes en la comunicación institucional, tanto referido a la gestión de sus procesos, como a la comunicación de crisis, a la cual define como aquellas acciones comunicativas que contribuyen a la prevención, solución o reducción de las situaciones que ponen en peligro el normal funcionamiento de una actividad, sector, institución, territorio o el país, y que afectan su credibilidad, reputación e imagen.

Se dedica otro apartado a la comunicación comunitaria, la cual sitúa el desarrollo humano sostenible y al ciudadano en el centro de los procesos y prácticas comunicativas, y promueve la transformación en función del desarrollo social.

Al respecto, subrayó Legañoa Alonso, Cuba dispone de alrededor de 74 emisoras de radio comunitarias, y contar con una estructura en este ámbito, –oportunidad que crea la legislación–, es esencial; de ahí que este proyecto es más abarcador.

En su opinión, la futura Ley constituye un paso estratégico, porque «ya tenemos Constitución, política, también tenemos ahora la propuesta de la norma, y tendremos luego la estructura de comunicación en las diferentes instancias, hasta el espacio comunitario, una fortaleza más».

Humberto Fabián Suárez, vicepresidente de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales (ACCS), también redactor del texto, comentó que entre otros aspectos esenciales, se aborda la comunicación en el ciberespacio, por la transformación que ha generado en los procesos comunicacionales en cualquiera de sus ámbitos.

Se dedica un capítulo a la Imagen Cuba, como la identidad proyectada de manera armónica e integrada de la nación, para que comunicacionalmente sea percibida por los públicos, hacia el interior y el exterior del territorio nacional, como reflejo de su realidad cotidiana y su cultura; y se define la marca País, que es el signo gráfico oficial que representa la imagen.

En otro orden, se regulan temas de la publicidad y el patrocinio, en cuyo Reglamento se está trabajando, indicó.

Específicamente sobre publicidad y el patrocinio, argumentó que esta norma, como su venidero Reglamento, recogen las responsabilidades que adquieren el anunciante, los medios, las agencias y los creativos, estos últimos reconocidos hace un año como una figura profesional de la comunicación, que genera soluciones creativas para cualquier ámbito y disciplina, entre ellas, la propia publicidad.

La normativa aborda, por supuesto, el asunto sobre las contravenciones administrativas y legales que puedan suscitarse ante la violación de algunos de los preceptos que se establecen, lo cual también contará con una disposición más específica.

¿CÓMO SE LLEGÓ A ESTA VERSIÓN 32?

El actual documento no es resultado de la improvisación, sino de un enjundioso estudio que se ha venido realizando durante muchos años, con un esfuerzo extraordinario para evaluar el ámbito comunicacional en Cuba y en el mundo, garantizó el Vicepresidente de la ACCS.

Que haya hasta ahora 32 versiones da la medida de esa profundidad e investigación. Solo para su elaboración se revisaron 26 documentos políticos del Partido que trazan pautas para el desarrollo de la comunicación en Cuba.

Además, se analizaron 309 disposiciones jurídicas cubanas entre los años 1811 y 2022, 33 Constituciones del mundo, sobre todo de América Latina, 15 códigos penales, y un amplio estudio de derecho comparado de cerca de 120 normativas referidas a la comunicación de los cinco continentes.

Se analizaron todas las directivas de la Unión Europea y sus aplicaciones en España y en las autonomías y ayuntamientos de ese país, la Ley de Publicidad china, las leyes de Vietnam, Japón y de cinco países africanos, entre otros.

También se revisaron estándares internacionales sobre transparencia y acceso a la información, y el ranking de países al respecto, estudios especiales que se hicieron para profundizar en temas asociados a estos aspectos, así como a la publicidad en la ciencia jurídica, protección de datos personales, propiedad intelectual, interés público, derecho de imagen, comunicación de crisis y más.

Por supuesto, recalcó, no podía quedar fuera del estudio la evaluación de los pronunciamientos y acuerdos de las principales organizaciones profesionales que tiene que ver con estos asuntos, como la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), la Asociación Hermanos Saíz (AHS), la UPEC y la ACCS.

Se tuvieron en cuenta los resultados de la comunicación directa con directivos de asambleas provinciales y divulgadores, en visitas a ocho provincias del país, así como encuestas realizadas a 123 empresas cubanas exportadoras de bienes y servicios, para conocer sus prácticas de la comunicación en el tema.

De forma oportuna, el Vicepresidente del ICRT resumió que con este documento se legitima el sistema de comunicación social en Cuba, se fortalece el capital simbólico de la nación y se piensa en una transformación cultural para que se comprendan mejor estos procesos en cualquiera de sus ámbitos.