Por mandato constitucional y de la Ley de la Fiscalía, este órgano del Estado está facultado para realizar inspecciones a fin de comprobar el cumplimiento de la legalidad en establecimientos penitenciarios, correccionales, unidades donde los acusados cumplen prisión provisional y en cualquier otro centro de reclusión, internamiento o de detención.
Mientras cumplen sanciones privativas de libertad -explica Hortensia Bonachea Rodríguez, directora de Control de la legalidad en establecimientos penitenciarios, de la Fiscalía General de la República-, los reclusos quedan privados de determinados derechos, por ejemplo, el sufragio activo o pasivo, pero mantienen otros previstos en las normas del sistema penitenciario. Entre ellos: rebaja de sanción por mantener una adecuada conducta durante el internamiento, realizar llamadas telefónicas y comunicarse periódicamente con la familia, y recibir visita íntima o conyugal.
Los sancionados, además, pueden progresar en régimen. Nuestro sistema penitenciario permite -y esta es una de las principales transformaciones experimentadas después del triunfo de la Revolución- transitar de un régimen de mayor severidad a otro de menor rigor, hasta lograr la incorporación total a la sociedad.
También pueden trabajar, lo cual está en dependencia de las características de la penitenciaría y reciben por ello remuneración, acorde con las tarifas de salario vigentes para el resto de la población.
Otro, precisa, es el derecho a recibir asistencia médica primaria y especializada. Como mismo se han ido reconstruyendo y modernizando los centros asistenciales en el país, iguales transformaciones han ocurrido en los puestos médicos, policlínicos y hospitales de las prisiones, equipados con novedosas tecnologías.
El reforzamiento de la educación en las cárceles, comenta Bonachea, está entre los programas de la Batalla de Ideas. A partir del año 2000 fueron creados los establecimientos especializados para jóvenes, dotados de un alto componente educativo. Esto les permite alcanzar en una primera etapa el duodécimo gra-do y luego incorporarse a carreras universitarias.
Con el tiempo, puntualiza, el programa se ha ido extendiendo al resto de los centros penitenciarios. Actualmente tenemos en el país 22 sedes universitarias ubicadas en ellos.
En el terreno
En los últimos años el número de visitas de los fiscales a cárceles y locales de detención se ha incrementado. En ellas participa un equipo de especialistas de diferentes áreas, incluso auditores de la propia Fiscalía, quienes comprueban temas importantes, como los vinculados a la remuneración salarial.
Los fiscales están facultados para emitir resoluciones de obligatorio cumplimiento para el órgano de prisiones inspeccionado, el que debe responder con un plan de medidas encaminado a resolver los problemas detectados. Generalmente, afirma Bonachea Rodríguez, estos son resueltos en término e incluso, en ocasiones, dentro del desarrollo de la propia visita.
Los fiscales de nuestra Dirección, señala, también intervienen en el otorgamiento de los beneficios que implican libertades anticipadas de los reclusos. Antes de conceder libertad condicional o sustituir una sanción de prisión por una pena subsidiaria sin internamiento, los tribunales piden el parecer de la Fiscalía. En los últimos cinco años hemos aprobado un elevado número de propuestas en ambas variantes (94 por ciento). Todo ello por la política dirigida a favorecer los egresos de los establecimientos penitenciarios y estimular a quienes han mantenido una buena conducta durante su reclusión.
Al visitar las prisiones, dice, también nos entrevistamos con reclusos y detenidos y respondemos sus inquietudes, quejas y reclamaciones. De igual manera sus familiares pueden acudir a la Fiscalía para presentar, personalmente o por escrito, cualquier inconformidad.
Trabajamos las investigaciones con profesionalidad y bajo un enfoque, dirigido a lograr la multilateralidad y evitar la parcialidad, concluye Bonachea Rodríguez. Muestra de ello es que ninguna de las reclamaciones recibidas durante el 2006, y en lo que va de año, han sido impugnadas; incluso hemos constatado que al 50 por ciento de los promoventes les ha asistido razón en sus alegatos, y sus problemas han quedado resueltos con la actuación de la Fiscalía.
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