En sus verificaciones tiene la Fiscalía un mecanismo que, sin ser una auditoría, le permite velar por el cumplimiento de la ley en entidades estatales y sociales. Desde el 2003 hasta la fecha se han ejecutado más de 3 000 prácticas de este tipo, las cuales reportan el oportuno saldo de detectar violaciones de la legalidad.
Según explicó la Máster en Derecho Caridad Sabó Herrera, directora de Verificaciones de la Fiscalía General de la República, centran las investigaciones en los problemas fundamentales de los territorios y priorizan los sectores que intervienen en el desarrollo de los programas sociales. Puso como ejemplo la realizada recientemente a las empresas de transporte interprovincial, donde se evaluó el empleo de la fuerza laboral y el uso dado a los ómnibus adquiridos para mejorar la transportación de la población.
Al cierre del 2006 concluyeron 101 verificaciones fiscales al Sistema de la Vivienda para controlar el uso y destino que se le da a los recursos dedicados a la construcción de inmuebles. Detectaron, entre otros problemas, viviendas aún inconclusas reportadas como terminadas, y desvío y venta de materiales a particulares.
Efectuaron también inspecciones en oficinas de registros de consumidores para comprobar cómo marcha la entrega de los artículos del programa energético a los núcleos familiares. Además incursionan sobre el control del combustible.
Ninguna infracción debe quedar impune
En relación con años anteriores, opinó Sabó Herrera, se ha ganado en profundidad y calidad en las verificaciones practicadas; ello posibilita detectar un mayor número de violaciones. Esto, dijo, permitió actuar contra personas inescrupulosas que se enriquecen aprovechándose de las fisuras que tienen las entidades estatales con el control de los recursos.
Esto es posible, fundamentalmente, por la aplicación del Decreto Ley 149, vigente en nuestro país desde el año 1994. Como resultado de ello fue confiscado a favor del Estado cubano un número importante de bienes adquiridos de manera indebida.
Entre las infracciones más reiteradas mencionó la violación del objeto social, el vínculo de entidades estatales con particulares al efecto de enmascarar transacciones comerciales ilícitas, y grietas en el sistema bancario que facilitan operar cuentas sin el debido control.
Las verificaciones fiscales, precisó la especialista, demuestran que las mayores transgresiones de la legalidad se registran en los ministerios de la Agricultura y de la Industria Alimentaria, fundamentalmente en las empresas de productos lácteos, donde han existido violaciones graves con significativos daños económicos al país. Para revertir la situación, afirmó, en esos lugares se tomaron fuertes medidas encaminadas, además, a lograr que los dirigentes administrativos, responsables de velar por el uso y destino adecuado de los recursos asignados, cumplan con las funciones que tienen atribuidas por razón de sus cargos.
Entre las entidades de los órganos del Poder Popular -con 516 verificaciones en los últimos tres años- las de Comercio y Gastronomía son las que presentan mayor número y gravedad de transgresiones, motivadas esencialmente por el deficiente control interno.
En el 2003 la dirección del país llamó a actuar con energía ante los superiores jerárquicos -encargados de controlar y velar porque se cumpla lo legislado- y no detenerse únicamente en el responsable directo, por ejemplo, el jefe de almacén o de brigada. Desde entonces la Fiscalía trabaja por lograr un pronunciamiento oportuno y eficaz contra todas aquellas personas que de manera colateral propician las violaciones detectadas.
Insistimos mucho, concluyó la Fiscal, en que los análisis no se limiten al nivel provincial, sino extenderlos hasta el ministerio, y se apliquen las medidas disciplinarias en correspondencia con la gravedad de los hechos. Si verdaderamente queremos atacar las causas y condiciones que los propician, esta es la mejor manera de hacerlo.
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