Volvió a comunicarnos Luz María Soroa Batista, lectora que reside en el capitalino municipio de Centro Habana. Sobre su caso comentamos en este espacio el pasado 6 de agosto.
Recordemos brevemente: En el inmueble de los bajos de su casa los vecinos techaron completamente el patio de servicio y sobre él construyeron tres habitaciones en forma vertical. A los problemas ocasionados en la iluminación y ventilación del patio de servicio de su vivienda se adiciona la invasión constante de su propiedad y privacidad, pues abrieron una puerta por la que acceden a este espacio.
La Dirección Provincial de la Vivienda realizó una inspección en el lugar y orientó que la puerta fuera cerrada con ladrillos o bloques y reubicado el tubo que sirve de respiradero al tanque de agua.
Esta entidad y la Dirección Municipal de Planificación Física ordenaron ejecutar lo dispuesto y así eliminar la infracción. Incluso el pasado 7 de junio la propietaria de la vivienda de los bajos fue apercibida de que tenía 72 horas para cumplir lo indicado.
Aún Luz María sigue esperando porque se cumpla lo dispuesto, a pesar de que el Decreto 272 de febrero del 2001 del Consejo de Ministros. De las Contravenciones en Materia de Ordenamiento Territorial y de Urbanismo, establece que en los casos en que se haya impuesto una obligación de hacer -como en este-, la autoridad facultada concederá un plazo para su cumplimiento atendiendo a la complejidad de la medida.
Si la persona a quien se le impuso no cumple con dicha obligación en el término fijado, la autoridad competente gestionará que esta sea ejecutada por una entidad debidamente facultada, en cuyo caso los gastos correrán a cargo del infractor según el procedimiento vigente mediante la oficina de cobro.
Aquellas 72 horas señaladas en el mes de junio se han multiplicado. ¿Por qué los funcionarios e inspectores correspondientes no acaban de ejecutar lo que la ley claramente establece?
OTRO CASO EN LA LISTA DE ESPERA
Desde el mismo municipio nos llegó la carta de Andrés Guerra Hernández, vecino de Águila no 212 entre Ánimas y Virtudes.
Cuenta que dos sentencias dictadas por el Tribunal Provincial de Ciudad de La Habana, en los años 2003 y 2005, revocaron igual número de resoluciones emitidas por la Dirección Provincial de la Vivienda (DPV) de la capital y dejaron sin efecto la confiscación decretada por la Administración, reconociéndole a Guerra Hernández los derechos de propietario del inmueble mencionado.
Luego, explica, la DPV ordenó a la Dirección Municipal de la Vivienda de Centro Habana la ejecución de una resolución que se hace eco de lo dispuesto por el tribunal: reconocer su derecho como propietario del inmueble. Sin embargo -considera el lector-, "es evidente que se trasladó el problema a la instancia inferior, cuando la DPV debió buscar una vivienda del fondo habitacional de la provincia para sacar al núcleo familiar que está residiendo en mi casa".
"Desde hace dos años me encuentro en un verdadero desamparo habitacional, al abrigo de vecinos y amigos, aunque he realizado ingentes gestiones ante la Subdirectora Jurídica y la Directora de Vivienda de Centro Habana, y todas han sido infructuosas.
"Ambas alegan no tener responsabilidad alguna, que heredaron el problema de la dirección anterior, solicitándome que no molestara más, pues ellas no poseían los medios para solucionar mi caso por no tener fondos disponibles, que ya se comunicarían conmigo.
"He esperado dos años ¿cuánto más debo esperar?", pregunta Guerra Hernández.
Ya lo decíamos dos meses atrás, no son pocos los procesos legales que "se complican" a la hora de ejecutar la sentencia, la resolución o el dictamen emitido por las instancias correspondientes.
El "no actuar" cuando y como corresponde hacerlo, y el incumplimiento de los términos o plazos dispuestos en la Ley por parte de funcionarios o inspectores -según el caso-, amén de reflejar ineficiencia, provocan justificados disgustos y desencadenan difíciles situaciones en ciudadanos que, aun asistiéndoles la razón y el derecho, no alcanzan a vislumbrar cuándo se resolverá su problema.
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