Alrededor de 16 000 violaciones de la legalidad en entidades estatales han sido detectadas en los últimos tres años durante la realización de más de 1 743 verificaciones fiscales. Esta es una herramienta que permite al Fiscal localizar y enfrentar el descontrol económico y cualquier otra manifestación de corrupción.
No es una auditoría, asegura la Máster en Derecho Caridad Sabó Herrera, directora de Verificaciones de la Fiscalía General de la República de Cuba; es una investigación, un mecanismo más con que cuenta el Estado para ejercer el control y velar por el cumplimiento de la legalidad. En aquellas entidades que existe descontrol económico, en las que los superiores jerárquicos no cumplen con las funciones inherentes a su cargo, hay caldo de cultivo para violar la legalidad y ocurran manifestaciones de corrupción.
El Fiscal General planifica qué objetivos económicos serán verificados, y prioriza, entre otros sectores, el alimentario, Salud y Turismo.
VIOLACIONES DETECTADAS
La violación del objeto social aprobado a las entidades es una de las tendencias detectadas durante las inspecciones, explica la especialista. El descontrol propicia que empresas cuya finalidad es producir o prestar determinados bienes o servicios, realicen actividades para las cuales no están facultadas.
También apreciamos el incremento de vínculos entre entidades estatales y particulares con el objetivo de legitimar operaciones comerciales ilícitas; para lograrlo quebrantan mecanismos económicos y legales establecidos. Con esto posibilitan que personas inescrupulosas incrementen su patrimonio por vías no permitidas.
Reiteradamente, precisa la Fiscal, hemos localizado violaciones de los presupuestos aprobados para, por ejemplo, la realización de inversiones o la ejecución de obras; las empresas se van por encima de lo planificado.
Otra de las infracciones, señala, es la utilización del sistema bancario cubano para efectuar transacciones comerciales no autorizadas, vulnerando los mecanismos establecidos. El Banco ha tomado medidas para contrarrestar esto, pero en ocasiones son infringidas. Es el caso del pago a particulares, ejemplifica. Está regulado que no debe pasar de los cien pesos, sin embargo se realizan retribuciones fraccionadas con el objetivo de sobrepasar esa cuantía.
Hemos detectado, además, el empleo de créditos bancarios para fines distintos para los que fueron concebidos, y el préstamo de cuentas bancarias entre empresas con la finalidad de obtener ventajas ilegítimas. Los modus operandi son cada vez más complejos y dañinos a la economía del país, precisa Sabó Herrera.
NO HAY IMPUNIDAD
Al concluir la verificación el Fiscal emite una resolución que obliga a las administraciones a elaborar planes para erradicar las causas y condiciones que dieron lugar a los hechos revelados, y adoptar las medidas disciplinarias pertinentes. Sesenta días después la Fiscalía debe realizar una reinspección para verificar el cumplimiento del plan; la administración queda precisada a brindar periódicamente información acerca de su actuación.
El Decreto-Ley 236 de 7 de octubre del 2004 obliga a los superiores jerárquicos a adoptar medidas severas, acordes a la gravedad de las violaciones, y además dispone otras contra los funcionarios que no las apliquen. Se trata, subraya la Fiscal, de imponer mayor control y garantizar que las infracciones que vienen sucediendo hoy en nuestros organismos estatales reciban una respuesta adecuada. Sin embargo, enfatiza, no siempre encontramos receptividad en los funcionarios encargados de aplicar tales medidas.
Si durante la verificación el Fiscal descubre la comisión de un delito está obligado a formular la denuncia. En este contexto los más reiterados son: malversación, apropiación indebida, uso indebido de recursos materiales y financieros e incumplimiento del deber de preservar los bienes del Estado.
Las verificaciones detectadas son informadas a los trabajadores. Estas reuniones, asegura la jurista, se convierten en un proceso imprescindible para que las verificaciones fiscales cumplan su objetivo de exigir a las administraciones el restablecimiento de la legalidad y la eliminación de las causas que provocaron su quebrantamiento.
La labor preventiva, concluye, desempeña un papel muy importante en el enfrentamiento a la corrupción; es necesario el trabajo hombre a hombre, y exigir a directivos y funcionarios que velen por el uso correcto de los recursos que el Estado ha puesto en sus manos para el cumplimiento de sus funciones.
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