La nueva política del Comercio Interior de Cuba, publicada este viernes en la Gaceta Oficial junto a otras normas –y en vigor dentro de siete días–, actualiza el marco jurídico para las actividades mayoristas y minoristas, simplifica la emisión de licencias comerciales e incorpora regulaciones de obligatorio cumplimiento para todos los actores económicos.
Betsy Díaz Velázquez, ministra de Comercio Interior, explicó en conferencia de prensa que la normativa responde a una necesidad acumulada durante años y se encuentra alineada con las transformaciones económicas y sociales que impulsa el país.
Significó que el Decreto 167 de 2026 «Del Comercio Interior», define el alcance del comercio mayorista y minorista, integra disposiciones antes dispersas y regula las diferentes modalidades de venta, incluido el comercio electrónico.
La Ministra precisó que las disposiciones son aplicables a empresas estatales, mipyme estatales y privadas, trabajadores por cuenta propia y modalidades de inversión extranjera que desarrollen actividades comprendidas dentro de su alcance.
Sobre el Decreto 168/2026 «Del Registro Central Comercial», Arley Raiman Friol, registrador nacional, explicó que se mantiene la inscripción obligatoria, pero se simplifica la emisión de licencias, de manera que un establecimiento que realice varias actividades podrá contar con una licencia comercial única que las integre.
Asimismo, desaparece la diferenciación entre autorizaciones para operar en moneda nacional y licencias para operaciones en divisas.
Las normas presentan también la Resolución 24/2026 que establece los requisitos técnicos y formales para ejercer el comercio y la 23/2026 «Clasificador de establecimientos comerciales» que dispone un nuevo clasificador de establecimientos comerciales, el cual reduce de 109 a 33 las tipologías existentes.
La Ministra aseguró que, previo a su implementación, se desarrolló un proceso de preparación en todas las provincias, con énfasis en los trabajadores encargados de aplicar la política y en las estructuras del Registro Central Comercial y del sistema de Comercio de subordinación local.
El reto, señaló, será trasladar ahora ese ordenamiento jurídico a la práctica, simplificar los procedimientos para los actores económicos y, al mismo tiempo, reforzar las garantías y derechos de los consumidores.
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