La propuesta del nuevo Código de Trabajo fue aprobada este jueves en la Séptima Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su X Legislatura para actualizar el marco jurídico de las relaciones laborales en Cuba, en correspondencia con la Constitución de la República de 2019, las transformaciones económicas y sociales que impulsa el país y los compromisos internacionales asumidos en materia de derechos laborales.
Al presentar la ley, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendiz Campos, explicó que la necesidad de sustituir la Ley 116, vigente desde 2013, responde también a la implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, actualizados en el VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba, así como a la armonización de esta norma con otras legislaciones aprobadas en los últimos años.
«El Código de Trabajo que se presenta es el resultado de la consulta especializada a órganos, organismos e instituciones y tiene un carácter integrador», afirmó.
ESTRUCTURA DE LA LEY
La norma se organiza en cuatro libros que abarcan la parte general, el derecho individual de trabajo, el derecho colectivo y la administración del trabajo, integrando en un solo cuerpo jurídico disposiciones que anteriormente se encontraban dispersas en decretos, acuerdos y resoluciones.
Entre las principales novedades, el Libro Primero consolida los principios, derechos, deberes y garantías encaminados a fortalecer el trabajo digno como valor esencial de la sociedad cubana, además de precisar el ámbito de aplicación de la ley, las prohibiciones para los empleadores y las condiciones para establecer relaciones laborales.
Por su parte, el Libro Segundo incorpora varias de las transformaciones económicas aprobadas por el país. En ese sentido prevé la fijación anual del salario mínimo, elimina la autorización administrativa para ejercer el pluriempleo en determinadas profesiones y faculta a los empleadores, de conjunto con las organizaciones sindicales, para concertar jornadas reducidas cuando resulte necesario.
Además, reconoce el teletrabajo, incluso desde el exterior; incorpora nuevas causas para la suspensión del servicio social relacionadas con la superación profesional en otros países; establece procedimientos para el cese laboral por motivos económicos, tecnológicos y estructurales, y protege a los trabajadores contratados por trabajadores por cuenta propia mediante una compensación equivalente a un mes de remuneración cuando la actividad sea suspendida temporalmente o cancelada.
El proyecto también fortalece el papel de las organizaciones sindicales dentro de la negociación colectiva y ratifica el derecho constitucional de los trabajadores a participar en la gestión de los procesos laborales. Igualmente, refuerza las garantías vinculadas con la seguridad y salud en el trabajo y reconoce los derechos y garantías de los dirigentes sindicales.
En cuanto a la administración laboral, la propuesta fortalece las atribuciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Servicio de Gestión de Empleo y de la Oficina Nacional de Inspección del Trabajo, al tiempo que dispone la creación de un régimen contravencional para enfrentar los incumplimientos de la legislación.
Durante su intervención, Otamendiz Campos resaltó el amplio proceso participativo desarrollado para enriquecer la norma. La consulta del anteproyecto involucró a trabajadores de todo el país y generó más de 96 000 propuestas, de las cuales el 43 % fueron aceptadas íntegramente y otro 10 % de manera parcial.
Explicó que entre los asuntos más debatidos figuraron el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, el empleo de términos inclusivos y el fortalecimiento de la protección de la seguridad y salud en el trabajo. Añadió que varias de las propuestas que excedían el alcance del Código serán consideradas durante la futura modificación de la Ley de Seguridad Social.
Como síntesis del alcance de la norma, el Ministro subrayó que el nuevo Código «no solo regula deberes, sino que formaliza la participación propositiva de los trabajadores». Lo calificó además como «un Código moderno, flexible», que elimina trabas para el pluriempleo, amplía las posibilidades del teletrabajo y ofrece mayores facultades para organizar la jornada laboral de acuerdo con las necesidades de cada entidad.
Al concluir su presentación, recordó las palabras del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante la clausura del XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba: «Estas menciones, en un universo mayor de bondades que trae el Código, nos muestran que se trata de una norma ajustada a su tiempo, a las condiciones actuales del desarrollo y, sobre todo, al modelo de sociedad justa al que no renunciamos y que nos proponemos seguir construyendo».
Esta ley, concluyó el Ministro, constituye una herramienta esencial para acompañar las transformaciones económicas y sociales del país y fortalecer la protección de los derechos laborales desde una concepción participativa, moderna y acorde con los desafíos actuales.
Al dar lectura al dictamen conjunto de las comisiones de Asuntos Económicos y de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, la diputada Anneleisy Azcuy Robaina expuso que la elaboración de la norma estuvo acompañada por un amplio proceso de consulta desarrollado en 2025, en el que participaron más de dos millones de trabajadores, lo que, según se afirmó, otorgó al proyecto «un marcado carácter participativo y transformador».
Asimismo, se recordó que, en cumplimiento de las facultades conferidas por la Ley No. 131, de Organización y Funcionamiento de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, el Presidente del Parlamento dispuso la publicación del proyecto en el sitio web institucional para ampliar el conocimiento de la ciudadanía y propiciar el envío de criterios y observaciones.
Como parte de ese proceso se recibieron 11 planteamientos de la población: uno fue aceptado, cuatro se incorporaron parcialmente y seis no fueron admitidos, aunque todos recibieron respuesta.
APORTES DE LOS DIPUTADOS
Durante el debate, la diputada Idaliena Díaz Casamayor propuso perfeccionar varios artículos del proyecto de Código de Trabajo. Entre sus sugerencias destacó reforzar la transparencia en los procesos de convocatoria a plazas laborales, revisar el tratamiento previsto para las personas en situación de discapacidad con el propósito de preservar su autonomía y reducir el plazo para la entrega de la documentación al concluir la relación laboral, a fin de facilitar una reincorporación más ágil al empleo.
Por su parte, la diputada Litza Elena González Desdín, miembro del Consejo de Estado y presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria, solicitó precisar en la norma que el periodo de superación en el extranjero por interés personal no se contabiliza como parte del cumplimiento del servicio social de los recién graduados.
Asimismo, insistió en continuar fortaleciendo las garantías laborales de los estudiantes universitarios que simultanean el estudio y el trabajo.
CTC DESTACA EL ALCANCE INCLUSIVO Y TRANSFORMADOR DEL NUEVO CÓDIGO
El diputado Osnay Miguel Colina Rodríguez, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), resaltó el carácter participativo del proceso de elaboración del Código de Trabajo y subrayó que, por primera vez, más de 200 000 trabajadores del sector no estatal participaron de manera directa en la consulta del anteproyecto.
Afirmó que la norma es coherente con la Constitución de la República y constituye un instrumento jurídico que acompaña la implementación de las transformaciones económicas y sociales del país, al reconocer la diversidad de formas de gestión, fortalecer las garantías laborales y ampliar la protección de los derechos de todos los trabajadores, independientemente del sector donde laboren.
El dirigente sindical destacó, además, que el nuevo Código incorpora temas como el impacto de la ciencia, la innovación y la digitalización en el mundo laboral, al tiempo que refuerza la participación de los trabajadores, la representación sindical y la negociación colectiva.
Colina Rodríguez señaló que la futura aplicación de la ley demandará un papel más activo de las organizaciones sindicales en la defensa de los derechos laborales, la mediación de conflictos, la negociación colectiva y la participación en los órganos de dirección. Asimismo, consideró que la norma fortalece la transparencia institucional, la responsabilidad social de las entidades y la implementación de las políticas de inclusión, equidad e igualdad aprobadas por el país.
COMENTAR
Responder comentario