El miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y secretario del Consejo de Ministros, José Amado Ricardo Guerra, presentó ante el Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su X Legislatura, el proyecto de Ley de Organización de la Administración Central del Estado –aprobado por los diputados como Ley– , una norma que propone redimensionar la estructura del Gobierno para fortalecer la institucionalidad, elevar la eficiencia de la gestión pública y respaldar la implementación de las transformaciones económicas y sociales.
Durante su intervención, explicó que la iniciativa responde al mandato del artículo 146 de la Constitución de la República que establece que el número, denominación, misión y funciones de los ministerios y demás organismos que forman parte de la Administración Central del Estado son determinados por ley, y al cronograma legislativo aprobado por la Asamblea Nacional para el periodo 2026-2027.
Señaló que la actual organización de la Administración Central del Estado se rige por un decreto ley vigente desde 1994, por lo que resulta necesaria su actualización.
Ricardo Guerra informó que la propuesta reduce de 27 a 21 los Organismos de la Administración Central del Estado, además del Banco Central de Cuba, mediante la integración de funciones y el cambio de denominación en ocho de ellos.
- Agricultura y Alimentación
- Educación Superior, Ciencia e Innovación
- Economía y Finanzas
- Comercio e Inversión Extranjera
- Industrias y Construcción
- Medio Ambiente, Hábitat y Recursos Hidráulicos
- Deportes y Recreación
- Educación
El Secretario del Consejo de Ministros precisó que la reorganización no limita la capacidad de gestión de los organismos, sino que exige una reestructuración interna para adecuar sus funciones al nuevo diseño institucional.
INTEGRACIÓN DE POLÍTICAS Y MAYOR EFICIENCIA
Al fundamentar el proyecto explicó que la reorganización se adecua al mandato constitucional y se alinea con el sentido y las disposiciones de mejora y fortalecimiento de institucionalidad estatal y de la definición constitucional de Estado socialista de derecho y justicia social.
Precisó que responde al cumplimiento del Objetivo General No. 6 y al Específico 6.3 del Programa Económico y Social del Gobierno y de la Transformación Económica y Social 41, que establecen la necesidad de redimensionar la Administración Central del Estado y permite mejor unidad en el diseño, ejecución y control de las políticas públicas, y atención más coherente y consecuente con la transversalidad de alguna de esas políticas en la actuación del Estado cubano.
Remarcó que integra procesos de gestión pública orientado a una mayor eficacia, eficiencia y optimización de los procedimientos y medios de la administración central, reduce la fragmentación y dispersión en la actuación administrativa central y se elimina la duplicidad de competencias y actuaciones existentes en la gestión administrativa pública.
Asimismo, se ajusta al cambio de escenario real donde se ha transformado la intervención y participación de todos los actores económicos en los procesos relativos a la gestión pública y dota de mayor coherencia al cumplimiento de las funciones estatales de los OACE, separándolo de las empresariales.
Ricardo Guerra añadió que la norma se ajusta a la realidad demográfica, facilita una mejor relación entre los OACE y los órganos del Poder Popular, tanto los municipales como los provinciales.
Acotó que propicia una mayor calidad de los servicios y prestaciones públicos y un mejor escenario para la transparencia, rendición de cuentas y control, y se crean mejores condiciones estructurales y funcionales para la atención administrativa de las necesidades generales de la población, la garantía a los derechos ciudadanos y el cumplimiento de los deberes de estos.
NUEVOS MINISTERIOS INTEGRAN FUNCIONES ESTRATÉGICAS
Ricardo Guerra destacó que el Ministerio de Agricultura y Alimentación permitirá integrar toda la cadena agroalimentaria, desde la producción hasta la comercialización, en consonancia con la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Sobre el Ministerio de Economía y Finanzas, explicó que favorecerá una mayor articulación entre la planificación económica, el presupuesto, la política fiscal y las inversiones, al tiempo que aclaró que reduce la duplicidad de funciones y conflictos burocráticos, además en situaciones especiales un solo organismo actúa con mayor rapidez.
Destacó que el Ministerio de Comercio e Inversión Extranjera unificará la política comercial, facilitará las cadenas de suministro y se adecuará a la participación de otros actores económicos no estatales en el comercio.
En cuanto al Ministerio de Educación Superior, Ciencia e Innovación, señaló que fortalecerá el vínculo entre la formación de profesionales, la investigación científica y la innovación tecnológica, potenciando el desarrollo del capital humano.
También resaltó la creación del Ministerio de Medio Ambiente, Hábitat y Recursos Hidráulicos, considerado uno de los cambios más significativos de la propuesta, al integrar funciones relacionadas con la vivienda, el ordenamiento territorial, la gestión ambiental y los recursos hidráulicos, lo que permitirá simplificar trámites y ofrecer respuestas más integrales a la población.
Igualmente, el Ministerio de Industria y Construcción logra la integración de ramas industriales heterogéneas y la complementación y articulación de funciones y actividades que permiten cerrar procesos para lograr la eficiencia y eficacia que la Administración Central del Estado requiere.
CONSULTA CON DIPUTADOS Y LA POBLACIÓN
Informó que durante el proceso de elaboración del proyecto se desarrolló una amplia consulta con organismos, especialistas y diputados, de la que se derivaron numerosas propuestas y observaciones, muchas de ellas incorporadas al texto final.
Entre las principales inquietudes figuró la oportunidad de acometer esta reorganización en el actual contexto económico.
Al respecto, sostuvo que, tras la aprobación de las transformaciones económicas y sociales, este es el momento necesario para avanzar en el redimensionamiento de la Administración Central del Estado, por constituir un soporte imprescindible para su implementación.
Ricardo Guerra informó además que, de forma complementaria, el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros aprobó la política para el funcionamiento y control de los servicios comunales, cuyas funciones serán redistribuidas entre varios organismos.
En ese sentido, el Ministerio de Industria y Construcción asumirá la conducción de la política relacionada con los servicios comunales y la gestión integral de los residuos sólidos; el Ministerio de Agricultura y Alimentación atenderá las áreas verdes y los residuos orgánicos; el Ministerio de Medio Ambiente, Hábitat y Recursos Hidráulicos tendrá a su cargo el mobiliario urbano, los parques y la evaluación del impacto ambiental; mientras que el Ministerio de Salud Pública será responsable de los servicios funerarios, cementerios y el control sanitario asociado.
El Secretario del Consejo de Ministros agradeció los aportes realizados por la población, los organismos y los diputados durante el proceso de consulta y afirmó que el redimensionamiento de la Administración Central del Estado constituye un paso audaz y necesario para fortalecer la institucionalidad y garantizar una implementación más eficaz de las transformaciones económicas y sociales.
LOS DIPUTADOS EN EL DEBATE
Referido a la Ley de Organización de la Administración Central del Estado, el Comandante de la Revolución, José Ramón Machado Ventura, manifestó que para la implementación de la presenta Ley, debemos ser preventivos.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tendrá que revisar las plazas, los problemas de desempleo y asistencia social para que esta nueva estructura sea más eficiente, dijo.
Por otra parte, la diputada Aylin Justiz Águila, puntualizó que, si bien la misma disminuye la burocracia y es una decisión acertada, en el caso de la fragmentación del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, con las nuevas funciones supondría costos de titulación.
Asimismo, explicó que «puede acelerar la pérdida de capital humano especializado, debilitar la representación unificada de nuestro país ante convenios internacionales que tienen que ver con el cambio climático, con seguridad nuclear, con biodiversidad.
Sugirió que toda transformación de esta magnitud debería estar precedida por un diagnóstico técnico, riguroso y público, «que es lo que las personas más han reclamado. Que se pudiera explicar por qué en este modelo que está vigente deja de ser conveniente y demuestre entonces con evidencia que el nuevo pudiera ser superior».
A su juicio «la experiencia internacional demuestra que la ciencia, la tecnología, la innovación y el medio ambiente, la sostenibilidad ambiental, forman parte de un mismo sistema. No son áreas independientes, sino dimensiones inseparables».
En tanto, Inés María Chapman Waugh, vice primera ministra de la República de Cuba, defendió la creación del Ministerio de Medio Ambiente, Hábitat y Vivienda, y planteó la necesidad de garantizar una transición coherente y una eficiente distribución de la fuerza de trabajo capacitada.
Explicó los resultados del diagnóstico constitucional y el trabajo con los grupos de trabajo pertinentes, en los cuales se realizó un análisis de riesgo y de costos beneficios para poder reunir todos los criterios en aras de la conformación de este nuevo ministerio.
En ellos se identificó problemáticas que lastraban el trabajo de los ministerios que se unifican, como complejidad burocrática, vulnerabilidad territorial y fragmentación institucional. Con roles que se duplican y se triplican, respuestas tardías y descoordinadas, y dificultad para implementar la política nacional de desarrollo sostenible.
Inés María Chapman reconoció que la creación del Ministerio de Medio Ambiente, Habitad y Recursos Hidráulicos responde a una necesidad de fortalecer la respuesta ante los eventos climáticos, lograr eficiencia, reducir el gasto público y concentrar recursos de una manera más eficaz.
Se pretende lograr una mejora en la articulación territorial, al tener competencias transversales, implementar coherentemente las políticas en los territorios, facilitar la cooperación internacional y concentrar competencias administrativas.
La vice primera ministra afirmó que un aspecto importante respecto al trabajo de este ministerio será el cumplimiento de objetivos de las agendas internacionales. Su unificación podría mejorar capacidades para coordinarse con organismos como la ONU, el PNUD y otros.
Hizo un llamado a perfeccionar el trabajo de este organismo y el funcionamiento de las agencias que trabajan con los mismos, y reconoció que la transformación debe ser paulatina, para corregir errores a tiempo.
La diputada y subdirectora del periódico Granma, Leidys María Labrador Herrera, mostró su preocupación sobre la necesaria comunicación institucional en medio de todas las nuevas transformaciones que se han planteado en la Asamblea.
Recomendó incluir en los planes de transición, los cambios en los procesos de comunicación de los ministerios y organismos implicados para que en sus procesos de reestructuración se creen los nuevos logos, colores y la identidad corporativa que los va a representar.
Además, recalcó la importancia de la creación de estrategias coherentes para comunicar esos cambios y la consolidación de canales públicos de comunicación para lograr un intercambio más explícito y coherente con la población.
El miembro del Consejo de Estado, Yuri Valdés Balbín, afirmó que la norma constituye un punto de partida para reorganizar la gestión gubernamental, cuyo perfeccionamiento dependerá del proceso de implementación y de la participación de los organismos y diputados.
Señaló que resulta imposible alcanzar un consenso absoluto en un proceso de esta magnitud, debido a la diversidad de criterios existentes, pero consideró que la propuesta presentada por el Gobierno ofrece una base sólida para avanzar en la transformación de la Administración Central del Estado.
Valdés Balbín insistió en que el elemento esencial de la reforma no radica únicamente en la nueva estructura organizativa, sino en los procesos de gestión que deberán desarrollarse para garantizar una mayor eficacia institucional.
El también Director general del Instituto Finlay de Vacunas explicó que la implementación deberá sustentarse en un modelo de mejora continua, capaz de introducir los ajustes que resulten necesarios conforme avance la aplicación de la ley.
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