Haber concluido, conforme a lo previsto en tiempo y forma, la caracterización y digitalización de perfiles priorizados; es decir, de personas y hogares vulnerables, es apenas el comienzo de un proceso profundamente humano que a partir de ahora requerirá mucha más precisión, control, sensibilidad humana y seguimiento, para que nada ni nadie tuerza la muy noble intención de ese empeño.
Tal es la esencia que me deja el análisis realizado por los miembros del Consejo de Gobierno en Sancti Spíritus, celebrado con la oportuna y esclarecedora presencia de Idalmis Álvarez Mendive, viceministra de Trabajo y Seguridad Social.
Así, el reconocimiento por haber sido la primera provincia en terminar dicha caracterización -con todos sus municipios digitalizados, por demás- deviene, en realidad, invitación para concretar a partir de ahora las acciones correspondientes a los 78 consejos populares del territorio, donde más de 25 000 personas u hogares esperan una ayuda y una atención que si bien no resolverá todas las necesidades, sí debe contribuir a aliviarlas.
Como en otras provincias, la cifra no salió de suposiciones o de valoraciones a ras de un buró. Fue resultado del contacto directo, en el terreno, hogar por hogar, en una cruzada que incluyó desde la capacitación inicial a las direcciones de las Asambleas y Consejos de Administración, comisiones de atención a políticas sociales, grupos de atención a ellas y grupos comunitarios, hasta la siempre decisiva labor de trabajadores sociales y delegados de circunscripción.
De manera que, sabiendo quiénes son y dónde están los más vulnerables, entre personas mayores de 60 y 65 años (mujeres y hombres, respectivamente), niños menores de cinco años, bajos de peso o talla, con enfermedades crónicas, madres con tres hijos o más, personas encamadas… no hay por qué cometer errores, ni dejar desprotegido o desamparado a nadie.
El estudio ha permitido ubicar y actualizar casos de personas que, aun dentro del rango etario, no presentan el mismo grado de vulnerabilidad o de urgencia, por devengar más de 4 000 pesos, realizar actividades informales que les generan ingresos, tener vínculo laboral o de estudio, en tanto otros han cambiado de lugar de residencia o han fallecido.
Por ello la vicetitular del ministerio instó a revisar constantemente el listado, para obrar con el mayor sentido de justicia posible y que nadie quede excluido.
El análisis confirmó, incluso, la posibilidad de que, por sus potencialidades, niveles de producción y disponibilidad de recursos, un municipio pueda ofrecerle ayuda a personas que inicialmente no formaron parte de la relación, pero que también la necesitan, pues se trata de llegar a los más vulnerables, a quienes más están sintiendo el peso de la compleja situación que atraviesa el país.
Resta, por tanto, consagrarse a ese propósito, hacerlo con la sensibilidad humana que siempre ha distinguido a la nación y ver el asunto con una óptica multidimensional, que permita dilucidar y resolver desde las causas por las cuales un niño deja de asistir a la escuela, o lo que necesita un anciano encamado, hasta lo que no debe faltarle a la octogenaria abuela que vive irremediablemente sola.













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