Sabemos que hay un combate diario contra estos fenómenos, pero urge aplicar medidas más severas y diseñar acciones más eficaces que nos permitan mayor protección y control para evitar que personas inescrupulosas cometan delitos, aseguró el miembro del Buró Político y primer ministro, Manual Marrero Cruz, en la más reciente reunión del Grupo de Trabajo para la prevención y enfrentamiento al delito, las ilegalidades e indisciplinas sociales.
Al conocer sobre el comportamiento del registro delictivo del país al cierre de abril, donde las provincias de Santiago de Cuba, Pinar del Río, Granma, Mayabeque y Ciego de Ávila muestran las mayores incidencias, el Jefe de Gobierno apuntó que «hay que elevar la vigilancia y trabajar muy unidos a los órganos especializados del Ministerio del Interior para mantener un enfrentamiento constante, disminuir las causas y condiciones y evitar la ocurrencia de delitos y hechos extraordinarios.
«Todos tenemos que sumarnos a estos enfrentamientos, no puede ser solo la Policía; cuando veamos conductas de este tipo tenemos que actuar rápido, denunciarlas y enfrentarlas», ponderó Marrero Cruz en un encuentro realizado desde el Palacio de la Revolución mediante videoconferencia con autoridades de todo el país, donde se ratificó que se debe cerrar filas ante cualquier manifestación de delito.
De acuerdo con los resultados expuestos por representantes del Ministerio del Interior, el principal objetivo continúa siendo disminuir el registro delictivo en todas sus tipicidades, pues se trata de un asunto altamente sensible para la sociedad y la nación. Asimismo, trascendió que en medio de las complejidades actuales se mantienen la estabilidad, el orden interior y la tranquilidad ciudadana.
VERIFICACIONES FISCALES
Durante el encuentro, se presentaron los resultados de las verificaciones fiscales para comprobar el cumplimiento de las normas jurídicas que amparan el Programa Económico y Social del Gobierno, así como el control de las prestaciones de recursos materiales, financieros y de servicios que reciben los beneficiarios de la asistencia social.
Yamila Peña Ojeda, fiscal general de la República, expuso que el ejercicio se desarrolló en el último trimestre de 2025, incluyó a 103 actores económicos (entidades estatales y no estatales) y se detectaron más de 200 infracciones de la legalidad.
Mencionó entre las principales violaciones las asociadas a la bancarización con la inexistencia de pasarelas de pago en línea y código QR, la no colocación de estos en lugares visibles y la negación a la posibilidad de pago por estas vías. Además, expuso, cuando se permiten transferencias se realizan a cuentas personales de titulares de negocios o trabajadores de estos, en lugar de las cuentas fiscales.
Además, precisó, se impone cifra límite a pagar digital o indebidamente el pago de una parte del precio del producto por transferencia y la restante en efectivo, o el pago de un precio mayor que el fijado para el producto o servicio recibido. Tampoco, ilustró, se deposita el total del efectivo de ventas y servicios en cuentas fiscales alegando su uso para compras mayoristas y aprovisionar negocios.
Otras infracciones están asociadas al incumplimiento de obligaciones tributarias, los pagos de mercancías en el exterior sin autorización, el empleo de fuerza de trabajo no formalizada en el sector no estatal, la política de precios donde se comercializan productos y prestan servicios a precios superiores a los aprobados, así como las relaciones contractuales entre diversos actores económicos.
«Hay causas relacionadas con la situación económica, el déficit de combustibles, las limitaciones financieras, la preparación de los cuadros y funcionarios, y los niveles de completamiento de la plantilla en las áreas económicas y de recursos humanos», señaló.
Ante esta realidad, Peña Ojeda explicó que se interesó la aplicación de medidas disciplinarias a cuadros, funcionarios, trabajadores y socios de las formas de gestión no estatal; se impusieron 113 multas y se iniciaron 13 procesos penales por delitos de evasión fiscal, malversación, actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación y tráfico de influencias.
Sobre las prestaciones que reciben los beneficiarios de la asistencia social se ejecutaron 30 verificaciones fiscales a las direcciones municipales de Trabajo y Seguridad social de todas las regiones del país. Al respecto, la Fiscal General de la República detalló que se trata de un asunto de extrema sensibilidad pues, en medio de las condiciones que vive el país, el Estado hace ingentes esfuerzos y destina recursos para asegurar la justicia social.
«Existen recursos que en oportunidades, por no controlarlos, se nos pierden de los almacenes, y no se los damos a quienes les corresponde. Todavía aquí hay reservas que podemos seguir revisando», afirmó.
En el encuentro se presentó, igualmente, una actualización de los estudios sobre la violencia de la sociedad cubana a partir del trabajo de órganos, organismos, entidades, centros de investigación y universidades. Los especialistas coincidieron en que el país tiene estructurado un sistema de atención a diversos aspectos relacionados con la violencia a nivel institucional y comunitario; sin embargo, urge articular las capacidades existentes para afrontar el fenómeno de manera integral y fortalecer las acciones de prevención y enfrentamiento.
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