La directora de Registros de Bienes Muebles e Inmuebles del Ministerio de Justicia de la República de Cuba, Máster en Ciencias, Alicia López Pérez ofreció declaraciones sobre el funcionamiento del Registro de la Propiedad en Cuba, haciendo énfasis en que esta institución jurídica pública «brinda protección y seguridad a toda persona natural o jurídica», y advirtió que «la inscripción legítima, presume de exactitud y verdad el derecho, y solo un tribunal puede declararlo inexacto».
El sistema ha experimentado un perfeccionamiento significativo mediante el Decreto Ley 51/2021 y la Resolución 493/2021 del Ministro de Justicia.
Actualmente, el Registro funciona con una aplicación informática desarrollada por XETID, que permite «control en tiempo real y mayor eficiencia en los servicios».
Según información oficial del Ministerio de Justicia de la República de Cuba en la red social Facebook, el sistema informático de gestión de la propiedad ya opera en 168 de 170 oficinas registrales del país, evidenciando un avance sustancial en la informatización del servicio.
En cuanto a los plazos, López Pérez detalló que existen tres categorías: la primera categoría se resuelve en siete días hábiles, la segunda en cinco días hábiles y la tercera en tres días hábiles. No obstante, según lo establecido en el Artículo 27, el plazo puede extenderse hasta 15 días hábiles si el registrador solicita documentos adicionales durante el proceso.
La funcionaria fue enfática al señalar las graves consecuencias para quienes omitan este trámite: «El titular no estará protegido, no podrá realizar actos de disposición ni transmisión (compraventas, permutas, donaciones, herencias, ampliaciones), y quedará expuesto a perjuicios legales evitables».
Esta advertencia subraya la importancia de la función registral como mecanismo preventivo de conflictos.
El mensaje final de la directora fue: «La seguridad jurídica no es un trámite más: inscribir es prevenir conflictos en tribunales».
Con estas modificaciones, el Ministerio de Justicia reafirma su compromiso con la transformación digital del sistema judicial cubano y la protección de los derechos de los ciudadanos sobre sus bienes inmuebles.
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