En la tercera semana de febrero y en medio de las complejas condiciones económicas que enfrenta la nación, el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), en coordinación con las administraciones locales y las autoridades competentes, desplegó un ejercicio de enfrentamiento a las violaciones de precios en todo el país, según informó en su sitio web.
En un contexto de crisis en el que cada peso cuenta para la familia cubana, y en el que la especulación y el desvío de la legalidad se convierten en agravantes de las dificultades cotidianas, los resultados de estas inspecciones reflejan la voluntad inquebrantable del Estado de poner orden y hacer cumplir la ley.
Durante el operativo, las infracciones detectadas estuvieron mayoritariamente asociadas a prácticas que lesionan directamente el presupuesto familiar. Entre ellas, destacó la violación de los precios concertados por la administración local y el incumplimiento de los tarifarios establecidos en la Resolución 225.
Estas acciones, lejos de ser solo faltas administrativas, constituyen un acto de insensibilidad social al ignorar los topes máximos fijados para garantizar el acceso de la población a bienes y servicios esenciales.
Asimismo, los inspectores constataron la presencia de pizarras informativas desactualizadas, una práctica que atenta contra el derecho del consumidor a conocer el costo real de los productos, y la operación de actividades por cuenta propia sin el proyecto de trabajo aprobado.
Se detectaron, además, casos de personal no contratado formalmente –una violación de los derechos laborales– y elusión de los mecanismos de control financiero mediante la no utilización de pasarelas de pago oficiales, lo que derivó en cuentas bancarias inmovilizadas.
El rigor de las inspecciones se tradujo en la imposición de 17 000 multas, cuyo importe total asciende a 65 millones de pesos. En el orden legal, se aplicó el Decreto 30 en 4 522 ocasiones y el Decreto 91 en 1 074 casos, en correspondencia con la naturaleza y gravedad de cada infracción.
Pero la respuesta del Estado no se limitó a la sanción económica. En un gesto contundente para restablecer la justicia y proteger a la población, se ejecutaron 1 547 ventas forzosas de productos, una medida que devuelve a los circuitos comerciales legales aquellos bienes retenidos ilegalmente.
La autoridad también dispuso el cierre de 300 establecimientos, se realizaron 93 decomisos y se procedió al retiro de 196 proyectos de trabajo, invalidando así a aquellos que operaban al margen de la ley.
El Ministerio de Finanzas y Precios ratificó su compromiso con el enfrentamiento sistemático a estas violaciones, en un escenario de crisis como el actual en el cual la adopción de medidas firmes ante cualquier incumplimiento no es una opción, es un deber.
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