El Sistema de Tribunales Populares y la Fiscalía General de la República de Cuba celebraron sus 52 años de fundados, pilares institucionales en la construcción de un Estado socialista de derecho y justicia social.
Estos órganos materializan principios revolucionarios de acceso universal a la justicia, con raíces que se remontan a las luchas independentistas.
Su fundación está vinculada al ideario de Ignacio Agramonte, quien como jefe del Departamento Judicial del Camagüey, en 1869, redactó un avanzado reglamento para la administración de justicia entre los mambises, subrayando su importancia para la legitimidad de la República en Armas.
Hoy, los Tribunales Populares, con jueces profesionales y legos electos, garantizan la impartición de justicia en nombre del pueblo. La Fiscalía, por su parte, vela por el estricto cumplimiento de la legalidad, defiende los intereses del Estado y la sociedad, y ejerce la acción penal pública.
Ambas instituciones son garantes de que Cuba sea, como establece el Artículo 1 de la Constitución, «un Estado de derecho y justicia social, democrático, independiente y soberano», donde la ley sirve a todos por igual. Su labor continúa defendiendo las conquistas de la Revolución y los derechos de los ciudadanos, en una línea histórica que enlaza el pensamiento jurídico de Agramonte con el sistema de justicia de la Cuba actual.
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