En un escenario económico complejo, marcado por la falta de liquidez, el aumento de la inflación y los efectos de la guerra económica del Gobierno estadounidense, las autoridades cubanas enfrentan de manera creciente delitos financieros que inciden en el control de la masa monetaria del país, tanto en pesos cubanos, como en divisas.
La expresión más visible es el tráfico ilegal de divisas en diversas y nuevas modalidades, a partir de redes que afectan de manera directa la política monetaria, fiscal y de precios del país.
El fenómeno, aunque no es nuevo, se ha complejizado al articularse con estructuras transnacionales que combinan operadores en el exterior y redes de cobro y distribución dentro de Cuba, explicó el teniente coronel Yisnel Rivero Crespo, jefe del Departamento de Delitos Económicos del Órgano de Instrucción del Ministerio del Interior.
En declaraciones a la prensa, Rivero Crespo recordó que las remesas han sido históricamente una fuente vital de divisas para la región y para Cuba.
Sin embargo, en el escenario actual «el país recibe menos del 10% de lo que antes entraba», debido a la política de persecución financiera del Gobierno estadounidense y a nuevas modalidades delictivas que retienen el dinero fuera de fronteras, convirtiéndose en complemento de la primera.
Las personas reciben en Cuba el equivalente a lo que sus allegados les envían en moneda nacional, pero los dólares no llegan al sistema financiero: se quedan en el exterior para pagar importaciones o alimentar esquemas ilícitos como el fomentado por una nueva figura, llamada «financista», dijo Rivero Crespo.
Número de expediente 121/2025
En ese contexto se inserta el expediente de fase preparatoria 121/2025, que revela una estructura dirigida desde Estados Unidos por el ciudadano cubano Humberto Julio Mora Caballero.
De acuerdo con la información ofrecida, Mora Caballero obtenía fondos de divisas en territorio norteamericano y, mediante una red de testaferros, abrió más de 30 cuentas bancarias para mover el dinero y pagar a proveedores.
Paralelamente, en Cuba estableció una base operativa en Camagüey, donde un grupo de subordinados recolectaba semanalmente grandes sumas de moneda nacional en efectivo provenientes de formas de gestión no estatal.
Esa recaudación viajaba desde La Habana y otras provincias hacia Camagüey, para luego ser distribuida como remesas a las familias cubanas.
El esquema incluía pagos desde Estados Unidos a proveedores mediante los testaferros anteriormente mencionados –violando la legislación bancaria estadounidense— y, dentro de Cuba, el uso de pesos cubanos obtenidos de las recaudaciones de los actores no estatales.
Ese dinero, que debía entrar al sistema bancario como parte de los movimientos de las cuentas fiscales, permanecía en la calle para sostener las operaciones delictivas.
De febrero a septiembre de 2025, la red operada por Mora Caballero movió más de mil millones de pesos cubanos y alrededor de un cuarto de millón de dólares estadounidenses.
«No es la primera vez que enfrentamos la estructura de este ciudadano, que fue desarticulada en un primer momento en julio y posteriormente en octubre de este año», afirmó Rivero Crespo y precisó que más de una decena de implicados cumplen medidas cautelares mientras la investigación avanza.
Cuatro actores no estatales vinculados a esta red están siendo investigados, aunque no son los únicos con los que Mora Caballero mantuvo relaciones financieras.
Repercusión en la economía
Las consecuencias de este tipo de operaciones se sienten a escala nacional. Al no ingresar las divisas al sistema bancario, el Estado pierde capacidad real para pagar importaciones esenciales.
Por su parte, el tráfico de grandes sumas de efectivo en moneda nacional atenta contra la disponibilidad de efectivo en bancos y cajeros.
Estos y otros fenómenos presionan al alza la tasa de cambio ilegal que se impone como referencia para la formación de precios, con el consiguiente encarecimiento de la vida.
Según el Minint, la tasa informal refleja no solo elementos de la economía real, sino también procesos de subversión y manipulación asociados a intereses externos.
Este tipo de redes prospera en un contexto donde la persecución financiera de EE.UU. limita severamente las transacciones internacionales del país.
«Estados Unidos no pierde nada con esto; al contrario, le conviene. El dinero cubano queda circulando dentro de Cuba mientras las divisas permanecen allá», señaló Rivero Crespo.
Comentó que, cuando se han informado estas operaciones a las autoridades norteamericanas, la respuesta ha sido nula.
La política hacia Cuba –agregó– favorece este tipo de distorsiones, como parte de una estrategia de guerra económica cuyo objetivo es reducir al mínimo la entrada de divisas al Estado cubano.
Las autoridades advierten que hay otras estructuras con funcionamiento similar al descrito en este caso, incluidas estafas en redes sociales donde personas inescrupulosas se hacen pasar por financistas.
En todos los casos, se reproducen patrones comunes: uso de testaferros en Cuba y Estados Unidos, grandes volúmenes de efectivo en moneda nacional en Cuba, recaudación sistemática a actores no estatales, pagos irregulares a proveedores extranjeros y el sostenimiento de remesas ilícitas que nunca tocan el sistema bancario nacional.
Frente a este panorama, el país prepara nuevas acciones institucionales que combinan control financiero, fortalecimiento de las regulaciones, mayor supervisión tributaria y operativos de enfrentamiento dirigidos prioritariamente a las estructuras de mayor peso económico.
«No se trata de arremeter contra las mipymes, necesarias para el país, sino de cortar los flujos ilegales que afectan la economía nacional», enfatizó el jefe del Departamento de Delitos Económicos del Órgano de Instrucción del Minint.
La investigación sigue abierta y tendrá nuevos capítulos en la medida en que se identifiquen otros operadores y conexiones internacionales.
El desafío para las autoridades es enfrentar este fenómeno sin renunciar a la soberanía ni a los principios que sustentan el modelo socioeconómico cubano.
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