El asesoramiento jurídico a la variedad de actores económicos no estatales que hoy operan en el país constituye una piedra angular en la prevención de riesgos y posibles afectaciones en un escenario marcado por la necesidad y la voluntad de que estas nuevas formas de gestión se desarrollen dentro del marco de la legalidad.
Al respecto Stephane Jordan Del Pino, coordinadora de la Dirección de Asesoramiento Jurídico del Ministerio de Justicia, considera por ejemplo que, en el caso específico de las Mipymes, fundadas sobre la base de sociedades mercantiles con responsabilidad limitada, se requiere de la labor especializada de los juristas para su conformación, desarrollo e inscripción en el Registro Mercantil.
La directiva explicó que después de la actualización económica y la transformación del ordenamiento jurídico cubano emanada de los preceptos constitucionales de la Carta Magna del año 2019, el asesoramiento jurídico ha evolucionado en la misma medida en que se perfecciona la reinserción en la economía de nuevos sujetos como es el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas y las cooperativas no agropecuarias.
Hoy, aseguró, existen más de 11,000 las Mipymes y aunque están consideradas como actores complementarios de la empresa estatal socialista- principal sujeto de la economía- no es menos cierto su alta incidencia en la prestación de los servicios y comercialización de productos a la población.
Es por ello que resulta imprescindible, subrayó la Coordinadora, que cuenten con acompañamiento legal o asesoramiento jurídico institucional, porque la carencia de estas figuras en sus estructuras de dirección afecta el cumplimiento de su objeto social y las relaciones mercantiles establecidas con el resto de los sujetos de la economía, empresa estatal socialista incluida.
Para eso, declaró, el Ministerio de Justicia dispone de siete bufetes especializados, consultorías jurídicas provinciales, y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, donde trabaja un personal idóneo en temas como el Derecho Mercantil, la litigación y los asuntos estatutarios, entre otros, necesarios para el normal desarrollo de estos actores económicos.
Jordán Del Pino recalcó que resulta vital que las mipymes consulten a estos especialistas del Derecho desde la negociación del contrato, entre otras ventajas, porque le da seguridad jurídica al negocio, se incluyen en los contratos elementos técnicos que favorecen a ambas partes y desde el principio de buena fe y la autonomía de la voluntad, permite defender sus intereses sin que ninguna se vea afectada por cláusulas abusivas.
Sin embargo, a pesar de las evidentes ventajas, lamentó, hoy solo 1 713 de las mipymes en función, (el 16%), tienen asesoramiento jurídico institucional, razón por la cual el Ministerio de Justicia, de conjunto con las direcciones provinciales de Justicia de cada territorio, las consultorías jurídicas, los bufetes colectivos y los especializados, trazó una estrategia en la cual prevé que la totalidad de estos actores económicos que acudan en busca del referido servicio para determinados asuntos de su empresa o para darle seguimiento a la contratación económica de su estructura, reciban ese servicio con calidad y prontitud, porque para la dirección del país y el Minjus es imprescindible que estas sociedades mercantiles funcionen bien y con total apego a la legalidad.
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