Tal como lo dispone el Artículo 108, inciso q), de la Constitución de la República del año 2019, los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), después de aprobada por su Presidente, iniciaron la Más Alta Fiscalización al Ministerio de Justicia.
Durante la semana que concluyó, los fiscalizadores, agrupados en las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la ANPP, la de Órganos Locales y la de Servicio, fiscalizaron las direcciones provinciales de Justicia de las provincias de Pinar del Río, Mayabeque, La Habana, Sancti Spiritus, Las Tunas, Granma y Santiago de Cuba, así como los territorios de Remedios, Madruga y Nueva Paz.
En la sede del Ministerio de Justicia, José Luis Toledo Santander, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la ANPP, en presencia del titular de Justicia Oscar Manuel Silvera Martínez, explicó a los trabajadores de la institución los objetivos a cumplir con la más alta fiscalización, entre esos, el de conocer la manera en la cual el Ministerio de Justicia cumple con sus funciones y con los acuerdos e indicaciones emitidos por los órganos superiores del Estado.
Posteriormente los diputados departieron con las direcciones de Registros Públicos; Atención a la Población; Defensoría, y Asociaciones
Dirigida al control de la labor del Minjus durante el año 2024 y el primer semestre del año 2025 en las siguientes áreas, los fiscalizadores evaluaron en la Dirección de Atención a la Población la sensibilidad con la cual se atienden, se responden y solucionan, si proceden, las quejas, reclamos y solicitudes llegadas por las diferentes vías institucionales
Su director Rolando Maldonado aseguró que el desarrollo de esta más alta fiscalización le permitió a su equipo de trabajo ampliar la visión del objetivo de su labor, a la vez que ponderó el espíritu abierto, franco y transparente de este proceso.
La más alta fiscalización, que forma parte del cumplimiento del mandato constitucional atribuido a la Asamblea Nacional del Poder Popular, se reunió también con la Dirección de Defensoría en un encuentro presidido por Toledo Santander, Silvera Martínez y la viceministra primera Rosabel Gamón Verde, quienes escucharon la detallada explicación dada por su director Alejandro Redondo Ramos de la gestión de esta nueva dirección.
Durante el encuentro se fiscalizó la manera en la cual estaba sustentado el trabajo, Redondo Ramos mostró con datos concretos los positivos resultados, entre esos ejemplos de importantes asuntos resueltos y ratificó el compromiso de la dirección de velar por las garantías constitucionales de las personas en situación de vulnerabilidad, y salvaguardar el acceso a todos sus derechos.
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos declaró que esta Dirección constituye un área estratégica que podría desempeñar un rol esencial en la función asesora del Ministerio de Justicia con el Estado y el Gobierno.
En la Dirección Provincial de Justicia Pinar del Río, entre otros sitios, conocieron acerca de la marcha del Registro Mercantil, sus objetivos y funciones, así como su importancia y trascendencia.
Igualmente fueron escucharon criterios relacionados con las principales normativas que rigen la actividad, y los documentos requeridos para presentar, inscribir o modificar las inscripciones.
Conocieron además sobre el uso de las pasarelas de pago en los servicios, los beneficios y seguridad para ambas partes, los asuntos radicados en el periodo y el tratamiento final a cada uno de ellos.
En la provincia de Pinar del Río fueron fiscalizados también los departamentos de Asociaciones, la Caja de Resarcimiento y el archivo de protocolo y su incidencia en la calidad de los servicios y en la atención a las instituciones religiosa.
Durante la visita de fiscalización a la provincia de Mayabeque se profundizó en el funcionamiento de la Unidad de Servicios y Trámites del municipio de Madruga y la localidad de Nueva Paz, donde en conversación con trabajadores, autoridades y usuarios del territorio conocieron acerca de la marcha y resultados de los servicios jurídicos prestados.
Otra de las provincias fiscalizadas fue la de Las Tunas, allí recorrieron varias de las unidades de servicio de la provincia, entre esas el Registro del Estado Civil, notarias y la Dirección Provincial de Justicia donde evaluaron los aspectos más relevantes que inciden en la calidad de los servicios y las medidas adoptadas para afrontar el creciente flujo de certificaciones solicitadas.
La fiscalización a la provincia de La Habana tuvo entre sus fines inmediatos profundizar en la gestión de los cuadros de dirección y de los recursos humanos en el completamiento de la plantillas, el trabajo de atracción y formación de jóvenes orientado hacia la superación posgraduada, la transformación digital, su estado y avance, así como el funcionamiento institucional interno y los mecanismos para el control y fiscalización de sus unidades municipales.
Como parte del cronograma previsto la provincia de Sancti Spíritus recibió la más alta inspección de los diputados de la ANPP en la que se analizaron y fiscalizaron también las Direcciones de Legislación y de Registro de Personas Naturales, sus avances y dificultades y la implementación de un sistema de trabajo tendente a reducir las dificultades que aún subsisten, bajo la premisa de que el respeto a los derechos de las personas y el ejercicio efectivo de estos es responsabilidad de todos.
A su paso por la provincia de Santiago de Cuba la coordinadora del grupo, Daisy Bárbara López Saucedo, también miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la ANPP, puntualizó que la más alta fiscalización tenía como objetivo central observar cómo cumple la Dirección Provincial de Justicia con sus funciones y su apego a la legalidad en el del encargo estatal del Minjus.
Entre esos, puntualizó, áreas de acción como la de Atención a la población, los derechos ciudadanos y la opinión de trabajadores y público en general relacionada con la calidad del servicio jurídico prestado.
Uno de los temas fiscalizados, fue el de la transformación digital hacia los procesos de digitalización de los trámites legales porque sin dudas este impacta en la calidad de los servicios y los acerca más a la población.
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