Una ley para mayor protección y seguridad jurídicas

El actual marco jurídico en materia de contravenciones y sanciones administrativas demanda una reforma integral, que dé lugar a un régimen general, en plena consonancia con los postulados constitucionales y las normas jurídicas aprobadas recientemente sobre la actuación administrativa pública.

Así lo expresó el ministro de Justicia, Oscar Manuel Silvera Martínez, al presentar el Proyecto de Ley del Régimen General de Contravenciones y Sanciones Administrativas, aprobado por los diputados como Ley en el v Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional.

Esta reforma –dijo–, debe constituir un instrumento eficaz para garantizar el cumplimiento y respeto a la legalidad, el orden público, las normas de convivencia social, la disciplina social, así como la protección de los derechos de las personas, el interés público y el bienestar general.

Agregó que la norma conceptualiza la contravención como toda acción u omisión de una persona, natural o jurídica, definida en las disposiciones legales como vulneradora del ordenamiento jurídico, para la que se prevé la imposición de una sanción administrativa y que no resulta constitutiva de delito, según lo previsto en la legislación penal vigente.

Agregó que actualiza las normativas contravencionales de conformidad con los postulados generales que establecen la Constitución y la Ley de Procedimiento Administrativo, lo que permitirá fortalecer la Administración Estatal Socialista.

«Así cumplimos el compromiso de fortalecer el sistema de Gobierno, adecuar y actualizar el ordenamiento jurídico contravencional. Con ese propósito, el Ministerio de Justicia ejercerá una función metodológica rectora y con ello, redobla su responsabilidad ante el pueblo y la dirección del país», agregó.