Urge continuar con la erradicación de ilegalidades urbanísticas

Dentro del trabajo en comisiones previo al quinto período de sesiones de la X Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), la comisión de Industria, Construcciones y Energía brindó espacio para una información del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo (INOTU).

Su presidente, el General de División Raúl Acosta Gregorich, en referencia al delito opinó que si las organizaciones de masas funcionaran bien, disminuiría ese flagelo. Convocó a librar el combate con un trabajo político en los barrios, convencido de que la unión entre diversos factores permite avanzar.

La vicepresidenta Yordanka Vázquez Cuñat aseguró que hasta mayo existían cerca de 11 700 ilegalidades, con el 97% de ellas erradicadas, aunque solo representa el 16% del inventario previsto para el año. Algunas provincias han adelantado muy poco en ese sentido y la Isla de la Juventud genera especial preocupación, pues se encuentra en cero en ese acápite.

Durante 2025 surgieron más de 6 mil violaciones nuevas y quedan pendientes 132, precisó. Realizaron 6 242 inspecciones y más de 1 300 reinspecciones; también se aplicaron más de 11 mil multas, (más de 800 reiteradas) y 105 de ellas a personas jurídicas.

Entre estas últimas, el 93% de las ilegalidades corresponde a la ocupación ilegal de terrenos, el 4% a áreas comunes de edificios multifamiliares y el resto a la ocupación de locales, detalló.

Han visitado más de 13 mil quioscos, agregó, y detectaron un número por encima de 10 mil infracciones como faltas de documentos, violaciones vinculadas con servicio de la electricidad, el agua, entre otras.

Inciden organismos como los ministerios de Agricultura, Industrias, Transporte, Construcción, Turismo, Industria Alimentaria, Educación, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Grupo Azucarero y el Grupo de Administración Empresarial, enumeró.

Vázquez Cuñat también abordó la actualización del universo de barrios y focos, cifrado en 961 y con 513 de carácter informal, de estos 379 precarios. El 34% de esos ciudadanos provienen de otras provincias.

Entre las viviendas ilegales, más de la mitad usa electricidad, la décima parte posee teléfono fijo y más del 60% cuenta con libreta de abastecimiento, mientras que solo el 17% de sus residentes trabaja con entidades estatales. Ese panorama incide de forma negativa en la imagen urbanística, afirmó.

También afectan la falta de fuerza de trabajo calificada; insuficientes medios informáticos y de transporte, entre otros; así como la desactualización de los instrumentos de ordenamiento territorial y urbano, unido a la falta de control en el empleo de los montos definidos desde la contribución territorial a las acciones e inversiones de los planes de Ordenamiento Territorial y Urbano.

Al cierre de mayo estaban emitidas todas las solicitudes de habitables de las 2 382 casas terminadas, informó además la vicepresidenta de INOTU.

La viceprimera ministra de la República Inés María Chapman Waugh señaló también, la existencia de muchas personas en situación de vulnerabilidad y advirtió la importancia de la educación y el asesoramiento en esas circunstancias para mantener la indispensable disciplina social.

Opinó que para alcanzar un desarrollo sostenible resulta necesario ordenarnos, con un levantamiento a detalle de la situación y un programa de regularización, además de incentivos fiscales y colaboración entre entidades. Al respecto preguntó: ¿por qué los actores de una comunidad carecen de programas para construir viviendas?.

«Si no colocamos al hombre y a la mujer como centro del problema, no encontramos la solución y todo tiene solución», apuntó.