Dentro de las prioridades de trabajo del Tribunal Supremo Popular (tsp) para 2025 se encuentra la observancia de una conducta ética e incorruptible de los jueces, garantizar la captación del personal, y avanzar en la transformación digital de la justicia judicial.
En la reunión de balance anual, el miembro del Buró Político y vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, dijo que a ello se suman los ejercicios integradores de control de los jueces de ejecución, y el despliegue de acciones de comunicación institucional.
En presencia del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y del integrante del Buró Político y secretario de Organización, Roberto Morales Ojeda, destacó el rol de las mujeres y los jóvenes, y el protagonismo del municipio en el accionar y cumplimiento del trabajo de los tribunales.
Precisó que se debe continuar trabajando en la capacitación de magistrados, jueces y trabajadores del sector, en el cumplimiento del plazo de las sentencias, en diversificar los recursos humanos, y en continuar potenciando la labor político–ideológica.
Valdés Mesa reconoció que no han menguado la capacidad de lucha y el empeño de los colectivos para elevar el combate, impartiendo justicia con el rigor que demandan las circunstancias actuales.
Rubén Remigio Ferro, presidente del tsp, comentó que el pasado año se logró procesar y concluir el 89 % de los asuntos tramitados, aunque algunos procesos tuvieron demoras, y se mantuvo una ejecución de sentencias del 93 %, cifra superior a lo alcanzado en 2023.
Asimismo, se realizaron 46 juicios ejemplarizantes, la mayoría durante el Ejercicio nacional de prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales.
Resaltó que el 72,4 % de los sancionados cumple actividades de reinserción en entidades del Estado, y mencionó las experiencias en grupos comunitarios en La Habana, Artemisa y Santiago de Cuba.
Hoy –dijo Remigio Ferro– la justicia en Cuba está en manos de los jóvenes.
En el encuentro, trascendió el fortalecimiento del vínculo con las universidades. Al respecto, Andry Mantilla Correa, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, significó el programa de Maestría que se implementa, desde el año pasado, para fortalecer la capacitación científica de los jueces, uno de los pocos que se ejecutan en América Latina, y que el próximo 10 de marzo abre su segunda edición.
En materia de transformación digital, Yohanier Sierra Infante, presidente del Tribunal Provincial de La Habana, remarcó que 2024 fue trascendental para impulsar este proceso.
Ponderó el desarrollo de la justicia abierta con mayor participación popular y la aspiración de una justicia judicial digital, con meta en el expediente judicial electrónico.
Expuso que el 85 % de la actividad judicial se tramitó por la vía digital.
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