Para regular el ejercicio de la función pública notarial, que implica la prestación de un servicio público, así como el desempeño de la labor del notariado como garante de la justicia y la seguridad jurídica preventiva, el Parlamento cubano aprobó ayer la Ley del Notariado.
Al presentar el texto, Oscar Silvera Martínez, ministro de Justicia, dijo que la normativa asegura, además, el ejercicio de los derechos de las personas naturales y jurídicas en el ámbito de la actuación extrajudicial, la seguridad jurídica de los actos, hechos y negocios jurídicos que estas requieran, con el empleo de las tecnologías de la información y las comunicaciones y la responsabilidad de los notarios con el servicio público que prestan.
Entre los aspectos principales de la normativa está la introducción del conocimiento directo por el ministro de Justicia para el proceso de inhabilitación de causas que implican la pérdida de los requisitos de idoneidad, y de conductas ejemplares o una presunta acción constitutiva de delito.
Además, garantiza la protección de los datos personales que constan en los documentos notariales.
Silvera Martínez argumentó que se incorporan en los postulados de la ley la evaluación del desempeño del notario, lo relativo a su recalificación técnica cuando obtiene resultados deficientes de manera reiterada en los controles que se realizan; y las responsabilidades civil, penal y administrativa en que incurre en el ejercicio de sus funciones.
Establece, asimismo, el régimen disciplinario aplicable a los notarios y la rehabilitación, atendiendo a su especialización y condición de autoridad pública.
Señaló como un logro el reforzamiento de la institucionalidad del notariado, desde el punto de vista estructural, con un sistema de trabajo orgánico y funcional, bajo la
subordinación vertical al Ministerio de Justicia, que asume la obligación de planificar, administrar y controlar la ejecución del Presupuesto del Estado para esta actividad.
Como parte de la estrategia de transformación digital del ramo, se instituye un sistema de gestión informática para garantizar calidad y agilidad en la prestación de servicios que prevé la interoperabilidad con los registros públicos y otras entidades, y así eliminar cargas burocráticas a la población. Esta iniciativa también respalda la autenticidad del documento electrónico notarial para su utilización por otras entidades.
La Ley aprobada contiene la teoría general del instrumento público, las reglas de formato de fácil lectura, e incorpora las figuras familiares y mercantiles en las que interviene el notario.
Reflexionó que en nuestro país tenemos una positiva y amplia experiencia en el ejercicio de las funciones notariales. Varias generaciones de profesionales del Derecho y auxiliares –conocidos como cartularios– han brindado este servicio, en su inmensa mayoría, con honestidad, esfuerzo y amor.
«Es una profesión hermosa que se prestigia con mujeres y hombres de alta preparación académica y desempeño laboral. La confluencia de notarios de experiencia y jóvenes garantizan al país la calidad y continuidad de estas funciones», reconoció.
Con esta Ley, el compromiso del gremio notarial cubano se fortalece y el Ministerio de Justicia redobla su responsabilidad ante el pueblo y la dirección del país, afirmó el Ministro
Por su parte, José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento, agregó que el notariado será un servicio público autofinanciado, que genera ingresos anuales superiores a los 275 millones de pesos, mediante el cobro de tarifas asequibles a los clientes.
Esta normativa propone un régimen disciplinario más eficaz y coherente con los deberes y derechos que establece para los notarios, subrayó.
La Ley entrará en vigor a partir de 180 días después de su publicación en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.
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